La Cámara de Diputados aprobó este miércoles la declaración de emergencia del Hospital Garrahan, en lo que constituye el segundo revés parlamentario para el Gobierno Nacional en pocos días, luego de la aprobación del aumento presupuestario para las universidades nacionales. La iniciativa fue sancionada por 159 votos afirmativos, 67 negativos y 4 abstenciones, superando los dos tercios necesarios para resistir un eventual veto presidencial.

El proyecto —que ahora deberá pasar por el Senado— fue impulsado por Unión por la Patria, Encuentro Federal, Coalición Cívica, Democracia para Siempre, la izquierda y parte del radicalismo, además de contar con el apoyo de algunos aliados del oficialismo como Producción y Trabajo (San Juan), y los monobloques de Lourdes Arrieta y Mario Barletta. Fue rechazado por La Libertad Avanza, el PRO y los radicales de la Liga del Interior.

Durante el debate, el diputado Pablo Yedlin, presidente de la Comisión de Salud, advirtió: “Está en riesgo la continuidad del Hospital Garrahan”, y recordó que en 2024 la institución atendió a más de 350 mil niños de todo el país. También destacó que la mitad de los trasplantes pediátricos se realizan en ese centro.

La declaración de emergencia tendrá vigencia por un año e impone al Estado nacional garantizar el acceso equitativo y de calidad a la atención pediátrica, asegurar el pleno funcionamiento de los hospitales públicos del área, y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes.

Entre las medidas claves del proyecto se encuentran:

• Recomposición inmediata de salarios del personal de salud, incluyendo residentes.

• Exención del Impuesto a las Ganancias para actividades críticas, horas extras y guardias.

• Reasignación de partidas presupuestarias del Ministerio de Salud y autorización para usar fondos de contingencias sanitarias.

• Se establece que los sueldos deberán equipararse, como mínimo, a los niveles de noviembre de 2023 en términos reales.

Desde la oposición remarcaron que el Gobierno Nacional se opone al proyecto por el impacto fiscal, estimado en 133 mil millones de pesos anuales, según la Oficina de Presupuesto del Congreso.

La ley, que ahora espera tratamiento en el Senado, apunta a salvar a uno de los principales hospitales pediátricos de Argentina, que hoy atraviesa una crisis profunda por la falta de recursos operativos y salariales.