Según un informe del Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP (UBA-CONICET), entre diciembre de 2023 y octubre de 2025 la canasta de servicios públicos se incrementó 514%, multiplicando por seis los costos para los hogares de clase media.

Así, una familia que pagaba $50.000 mensuales en gas, electricidad y agua en noviembre de 2023, hoy debe afrontar cerca de $300.000, lo que explica las crecientes dificultades para llegar a fin de mes.

Los mayores aumentos se registraron en el gas natural (913%), el transporte (852%), el agua (376%) y la energía eléctrica (228%). La mayoría de estos ajustes se concentraron durante el primer año de gestión del presidente Javier Milei, cuando el Gobierno redujo drásticamente los subsidios estatales.

De hecho, en lo que va de 2025 los subsidios suman $6 billones, una caída del 46% respecto de 2024.

En contraste, los sectores más vulnerables que viven en villas o asentamientos mantienen un esquema de subsidios. En esos casos, los gobiernos de la Ciudad y la Provincia de Buenos Aires asumen el pago del consumo a las distribuidoras como Edesur, Edenor, Metrogas y Naturgy.

Los más golpeados por los aumentos son los jubilados con vivienda propia, quienes deben afrontar los nuevos valores sin ningún tipo de compensación.

Aunque en 2025 la suba de tarifas se desaceleró —con un aumento del 21% frente a una inflación del 24% hasta octubre—, el peso acumulado de los incrementos continúa afectando el poder adquisitivo.

En términos interanuales, el transporte mostró el mayor incremento (36% respecto a octubre de 2024), seguido por el gas (24%), el agua (18%) y la electricidad (16%).

Actualmente, en el AMBA las tarifas cubren en promedio solo el 50% de los costos reales, mientras el Estado absorbe la otra mitad. Sin embargo, la distribución de subsidios sigue siendo desigual, beneficiando más a los sectores más pobres y dejando a la clase media ante un escenario tarifario cada vez más difícil.