La provincia de Mendoza avanzó con una medida inédita en el país: la Legislatura convirtió en ley un proyecto que establece sanciones económicas y tareas comunitarias para los padres de menores que cometan bullying en instituciones educativas. La iniciativa, impulsada por el Poder Ejecutivo provincial, apunta a reforzar la responsabilidad adulta en la prevención y el abordaje del acoso escolar.

Según lo establecido, la normativa incorpora artículos específicos al Código de Contravenciones mendocino y establece un procedimiento progresivo. Primero, la escuela interviene junto a equipos interdisciplinarios. Pero si las familias no colaboran o desoyen las medidas indicadas, el caso pasará a manos del Juzgado Contravencional.

Las sanciones podrán incluir hasta 30 días de trabajo comunitario o multas que van desde $630.000 hasta más de $1,2 millones, montos que aumentarán a partir del 1 de enero de 2026 con la actualización de la Unidad Fija. En casos de reincidencia, el juez podrá duplicar la pena y ordenar asistencia obligatoria a talleres o terapias familiares.

Desde el Gobierno provincial remarcaron que el objetivo es preventivo y educativo, buscando involucrar a las familias en la contención de sus hijos y en la resolución temprana de conflictos escolares. Legisladores que acompañaron la norma coincidieron en que el bullying es “una problemática social grave” y que es indispensable que los adultos asuman un rol activo en la formación y supervisión de los menores.

Con esta ley, Mendoza se propone fortalecer el trabajo entre escuelas, familias y el Estado, colocando la responsabilidad parental en el centro del debate y estableciendo herramientas concretas para enfrentar el acoso escolar.