Un reciente análisis de la ejecución presupuestaria nacional reveló un reparto marcadamente discrecional de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), con una fuerte concentración de recursos en provincias alineadas políticamente con la Casa Rosada y un virtual corte de fondos para distritos opositores, entre ellos Tierra del Fuego.

Los ATN están destinados a atender situaciones de emergencia o desequilibrios financieros provinciales. Sin embargo, al no contar con una fórmula automática de distribución, su asignación queda sujeta a la decisión del Poder Ejecutivo nacional, que en los últimos meses priorizó a gobernadores que acompañaron las reformas impulsadas por el oficialismo en el Congreso.

En contraste, provincias que mantienen una postura crítica frente al ajuste nacional o que no respaldaron las iniciativas legislativas del Gobierno quedaron relegadas del reparto. En el caso de Tierra del Fuego, los giros de ATN fueron directamente interrumpidos, profundizando las dificultades financieras en un contexto de fuerte caída de las transferencias no automáticas.

El impacto de esta decisión se refleja en múltiples frentes: dificultades para sostener obras públicas provinciales, tensiones en las negociaciones salariales con trabajadores estatales y una mayor presión sobre las cuentas públicas, que obliga a recurrir a endeudamiento o a mecanismos de financiamiento de corto plazo.

La situación generó creciente malestar entre gobernadores del centro y sur del país, que comenzaron a canalizar reclamos en el ámbito legislativo. Desde distintos bloques del Congreso advierten que el uso político de los ATN vulnera el federalismo y termina castigando a las provincias y a sus ciudadanos, al condicionar la asistencia financiera al alineamiento con el Gobierno nacional.