Una investigación judicial por presuntas maniobras fraudulentas con obleas de la Revisión Técnica Obligatoria (RTO) derivó este lunes en ocho allanamientos simultáneos en distintas localidades de la provincia. La causa se originó a partir de una denuncia presentada en 2024 por la empresa Controles del Sur, concesionaria del servicio de RTO en Río Grande, tras detectarse obleas auténticas colocadas en vehículos con graves deficiencias mecánicas.

Según se pudo establecer, controles de tránsito advirtieron que varios rodados circulaban con habilitaciones vigentes pese a no reunir las condiciones mínimas para hacerlo. A partir de allí se inició una investigación que permitió identificar una red integrada por ex empleados de la firma, quienes habrían mantenido vínculos internos para acceder de manera irregular a las obleas oficiales.

De acuerdo a la pesquisa, estas habilitaciones eran comercializadas por más del doble de su valor oficial y ofrecidas a conductores cuyos vehículos no podían aprobar la revisión técnica, poniendo en riesgo la seguridad vial.

La causa es instruida por el Juzgado de Instrucción N°3, a cargo de la jueza Cecilia Cataldo, quien ordenó allanamientos en diversos domicilios de Río Grande (Irigoyen al 200, 25 de Mayo al 1200, Chorlo Ártico 19, Lago Fuego al 600, Pioneros Fueguinos al 900 e Intevu X, casa 61), además de una vivienda en el barrio Campo de Doma de Tolhuin y otra en Alfonsina Storni al 2000 de Ushuaia.

Durante los procedimientos se secuestraron teléfonos celulares, equipos informáticos y otros elementos de interés, que ahora serán sometidos a peritajes para determinar el alcance real de las maniobras, las responsabilidades individuales y si la operatoria continuaba activa pese a la desvinculación laboral de los involucrados.

En el expediente hay siete personas notificadas de derechos y garantías. Entre los principales sospechados figura un ex empleado de apellido Barría, señalado como presunto organizador de la operatoria. También fueron imputados conductores que adquirieron las obleas mediante estas maniobras ilegales.

Por el momento no hubo detenidos, aunque todos los involucrados están imputados por el presunto delito de falsificación de instrumento público, mientras la Justicia avanza para establecer la dimensión final de una red que comprometía directamente la seguridad vial en la provincia.