El legislador provincial Federico Greve cuestionó con dureza la intervención federal del Puerto de Ushuaia y sostuvo que la medida “no tiene sustento jurídico”, además de vulnerar la autonomía provincial y los acuerdos vigentes entre Nación y Tierra del Fuego.

Desde una mirada legal e institucional, Greve advirtió que la resolución nacional presenta inconsistencias internas y avanza sobre competencias que corresponden exclusivamente a la Provincia.

En ese sentido, remarcó que “esta intervención está utilizando bienes del puerto y cobrando tasas que, por ley, pertenecen a la provincia y deben reinvertirse en el propio puerto”, y denunció que esos recursos “vayan a una cuenta de Nación sin que se sepa en qué se usan ni cuál va a ser el destino de ese dinero”.

Asimismo, sostuvo que “lo que está haciendo la Agencia Nacional de Puertos es usurpar funciones que, conforme a la Constitución y al convenio firmado en 1992, corresponden exclusivamente a la Dirección Provincial de Puertos”, señalando que la Provincia es la titular legítima del manejo operativo y económico del puerto.

Greve también cuestionó la forma en que se implementó la intervención y puso en duda los argumentos oficiales, al indicar que “si la situación del puerto fuera tan grave como se dice, no se entiende por qué sigue funcionando con normalidad y recibiendo cruceros y buques de gran porte”.

Además, afirmó que la resolución “se dictó de madrugada, sin explicaciones claras a los trabajadores ni a las autoridades provinciales”.

En cuanto al reclamo judicial presentado por Tierra del Fuego, el legislador aclaró que aún no hay resolución sobre el fondo del planteo. “El juez todavía no resolvió ni la competencia ni la inconstitucionalidad de la resolución, por lo que es falso decir que el reclamo fue rechazado”, señaló, y advirtió sobre una posible campaña de desinformación.

Por otro lado, Greve apuntó a un trasfondo económico detrás de la intervención. “Se quieren quedar con el Puerto, necesitan caja”, afirmó, y agregó: “cuando uno ve que se quedan con una caja que factura alrededor de 20.000 millones de pesos al año, es inevitable sospechar que hay un interés económico detrás”.

También alertó que si se convalida esta intervención podría sentarse un precedente peligroso: “si convalidamos esto, mañana pueden intervenir otros puertos del país y quedarse con toda la trama productiva portuaria”.

Finalmente, calificó la medida como “un mamarracho jurídico que es inconstitucional por donde se la mire” y adelantó que impulsará acciones legislativas para exigir explicaciones.

“Voy a presentar una resolución para repudiar la intervención y un pedido de informes al interventor para saber qué hacen con la plata, a dónde va y quién la maneja”, concluyó.