RÍO GRANDE.- La Fiscalía de Estado ratificó la validez de la demanda presentada por el Gobierno provincial contra la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) por la intervención federal del muelle de Ushuaia, y solicitó que el expediente continúe sin más demoras en la Justicia Federal.

La causa judicial que enfrenta a la Provincia de Tierra del Fuego con la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) por la intervención federal del puerto de Ushuaia dio un paso clave tras la presentación realizada por la Fiscalía de Estado.

El pasado viernes 6 de febrero, el Fiscal de Estado Virgilio Juan Martínez de Sucre respondió al traslado ordenado por el juez federal Federico Calvete y respaldó la actuación del gobernador, quien impulsó a fines de enero una demanda de inconstitucionalidad contra una resolución nacional que, según la Provincia, afecta competencias propias y el control del sistema portuario.

En su escrito, Martínez de Sucre aseguró que no existe defecto de personería ni irregularidad en la representación asumida por el Poder Ejecutivo provincial, y solicitó que el expediente continúe su curso normal, evitando exigencias formales que —a su entender— solo generarían demoras innecesarias.

El planteo se produjo luego de que la Fiscalía Federal cuestionara que la demanda haya sido iniciada sin la intervención directa de la Fiscalía de Estado, sugiriendo que debía “regularizarse” la representación antes de avanzar sobre el fondo del asunto.

Ante esa observación, el Fiscal fue categórico al sostener que el gobernador está constitucionalmente habilitado para representar a la Provincia ante la Justicia Federal y que esa facultad no puede ser limitada por interpretaciones que terminen bloqueando el acceso a la jurisdicción.

Además, subrayó que la organización de la defensa judicial es una facultad propia de las provincias y recordó que la Fiscalía de Estado no actúa como apoderado automático del Ejecutivo, sino como un organismo de control con autonomía funcional.

Finalmente, solicitó que se ratifique la legitimidad de la acción impulsada por el Gobierno fueguino y que el proceso continúe sin dilaciones, en un conflicto que involucra recursos económicos, competencias institucionales y el control de un área estratégica como el puerto de Ushuaia.

Ahora, el Juzgado Federal deberá definir si acepta el criterio expuesto por la Provincia y permite que la causa avance hacia una resolución de fondo.