El Senado de la Nación sancionó el nuevo Régimen Penal Juvenil con 44 votos a favor, 27 en contra y una abstención, convirtiendo en ley la baja de la edad de imputabilidad de 16 a 14 años. La norma, que ya contaba con media sanción de Diputados, aguarda ahora su reglamentación y publicación en el Boletín Oficial para entrar en vigencia.

La iniciativa fue promovida por el Ministerio de Seguridad durante la gestión de Patricia Bullrich, quien celebró la aprobación y sostuvo que la reforma apunta a “poner orden” y garantizar que quienes cometan delitos enfrenten consecuencias penales, sin distinción de edad.

El nuevo régimen crea un sistema penal juvenil especializado para adolescentes de entre 14 y 18 años, con órganos judiciales específicos y centros diferenciados de los establecimientos para adultos. La ley establece que los menores no podrán compartir espacios penitenciarios con personas mayores de edad y fija principios de legalidad, proporcionalidad y excepcionalidad en la aplicación de la prisión.

El esquema de sanciones contempla medidas educativas, tareas comunitarias, monitoreo electrónico y reparación del daño, además de la privación de libertad para delitos graves, con límites temporales estrictos. También incorpora un rol más activo para las víctimas, garantizando asistencia jurídica y psicológica y la posibilidad de intervenir en distintas etapas del proceso.

Desde el oficialismo defendieron la reforma como una respuesta a la demanda social de mayor seguridad. En cambio, sectores de la oposición cuestionaron el enfoque punitivo de la norma y advirtieron sobre la falta de presupuesto suficiente para su implementación en las provincias.

Con esta sanción, Argentina modifica su régimen penal juvenil y habilita que adolescentes desde los 14 años puedan ser juzgados y, en determinados casos, privados de la libertad bajo un sistema específico.