Según datos oficiales, en el primer trimestre de este año la recaudación tributaria nacional alcanzó los $50,6 billones, aunque solo el 32% de ese total fue coparticipado a las provincias, totalizando $16,2 billones.

En ese sentido, según estimaciones del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), la recaudación de impuestos registró una caída interanual del 8% en términos reales en los primeros tres meses de 2026, mientras que los fondos transferidos a provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires descendieron un 6,5%.

Las transferencias de Nación a las provincias cayeron por tercer mes consecutivo: en marzo retrocedieron un 4,3% y cerraron el primer trimestre con una baja del 6,4% real, según estimaciones de la consultora Politikon Chaco. 

La caída de la recaudación del total de los recursos tributarios de las provincias en términos reales fue del -6,3% en el primer trimestre, lo que implicó una baja de los recursos coparticipados de -$1.089.893 millones ($1,1 billones).

En Tierra del Fuego, la caída de coparticipación en el primer trimestre de 2026 alcanzó los $ 14.169 millones.

Fondos para doce provincias

Frente a esta caída inédita de los recursos trasferidos a las provincias, el presidente Javier Milei firmó el Decreto N° 219 el pasado 1º de abril, que se debería publicar este lunes 6 de abril en el Boletín Oficial, y que establece adelantos de coparticipación a doce provincias, entre ellas Tierra del Fuego.

El total del anticipo financiero para todas las provincias que se detallan en el decreto es por hasta la suma máxima de $400.000 millones y deberán ser reintegrados en el ejercicio fiscal 2026. Sin embargo, el mecanismo para distribuir los fondos a cada provincia resulta arbitrario y el monto que recibirá cada jurisdicción lo decidirá la Secretaría de Hacienda del Ministerio de Economía de la Nación.

En conclusión, durante el 1° trimestre de 2026, las provincias vieron una merma en los recursos tributarios coparticipables de -$1,1 billones, pero ante esta situación el Gobierno nacional decide compensar de manera selectiva a determinadas provincias con un monto que, en el mejor de los casos, llegará al 36% ($400 mil millones) de lo que perdieron, pero debiendo pagar intereses del 15% anual.