Un reciente informe del Banco Mundial volvió a poner en el centro del debate el régimen de promoción industrial de Tierra del Fuego, al calificarlo como “un caso de política industrial fallida” debido a su diseño y a los resultados obtenidos tras más de cinco décadas de implementación.

Según publicó el medio nacional Infobae, el organismo internacional advirtió que este esquema implica un costo fiscal superior a los USD 1.000 millones anuales, sin que se hayan registrado mejoras significativas en términos de productividad, innovación o desarrollo tecnológico.

El análisis forma parte del documento titulado “Revisitando la política industrial: opciones estratégicas para la actualidad”, donde se evalúan distintas experiencias a nivel global. En ese marco, el caso fueguino es señalado como un ejemplo de políticas sostenidas en el tiempo con incentivos mal diseñados y resultados limitados.

El régimen, creado en 1972, tuvo como objetivo fomentar la población, el empleo y la actividad económica en la región, a través de beneficios impositivos y ventajas comerciales para las empresas radicadas en la isla. Sin embargo, el Banco Mundial considera que esos incentivos terminaron generando efectos no deseados.

Entre las principales críticas, el informe menciona que las exenciones arancelarias permiten a las empresas importar insumos sin costos y competir con ventaja frente al resto del país, mientras que los beneficios vinculados al IVA no logran incentivar la generación de valor agregado real.

“Las empresas siguen siendo viables principalmente gracias a transferencias fiscales, no por aumentos en su productividad”, sostiene el documento, al tiempo que advierte que esta dinámica refuerza la dependencia del Estado y eleva los costos económicos a largo plazo.

Además, el organismo remarcó que la continuidad del régimen responde en gran medida a decisiones políticas más que a criterios económicos, lo que dificulta su revisión o modificación.

En ese contexto, el Banco Mundial recomendó avanzar hacia esquemas más eficientes, que incluyan incentivos con plazos definidos, evaluaciones periódicas y mecanismos que promuevan la inversión en sectores con mayor potencial de desarrollo.

El informe reabre así una discusión histórica sobre el modelo productivo de Tierra del Fuego, en un escenario donde crecen los cuestionamientos sobre su sostenibilidad y efectividad a largo plazo.