Un documento fechado el 14 de enero de 2026 y emitido por la Prefectura Naval Argentina (PNA) salió a la luz en las últimas horas y podría poner en tela de juicio los fundamentos de la intervención del puerto de Ushuaia dispuesta por la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN).

Según el certificado, las instalaciones portuarias fueron declaradas aptas y seguras para la operación de buques contenedores, turísticos y pesqueros, tras haber cumplido con las normativas de seguridad vigentes. Sin embargo, el documento no habría sido notificado formalmente a la Dirección Provincial de Puertos (DPP), y habría trascendido recién en las últimas horas por vías informales.

La existencia de este certificado contradice el argumento central utilizado por la ANPyN para justificar la intervención del puerto el 21 de enero, apenas una semana después de su emisión. En esa oportunidad, el organismo nacional había señalado supuestas condiciones de inseguridad operativa y riesgos para el interés público.

Otro aspecto que genera interrogantes es que, de acuerdo con el propio documento, el original habría desaparecido en circunstancias no esclarecidas, lo que obligó a emitir un duplicado. Este hecho suma incertidumbre en torno al manejo de la información oficial.

Fuentes cercanas a la administración portuaria señalan que la ANPyN contaba con el certificado desde el mismo día de la intervención, lo que refuerza las dudas sobre los motivos que impulsaron la medida. En ese sentido, se plantea que la falta de comunicación del documento a la DPP pudo haber respondido a la intención de evitar que se conociera la validación de las condiciones de seguridad del puerto.

Asimismo, se destaca que no se habrían registrado desvíos de fondos vinculados a la Ley de Financiamiento de OSEF N° 1596, otro de los puntos que habían sido mencionados en el contexto de la intervención.

En este escenario, distintos sectores sostienen que la medida adoptada carecería de sustento técnico sólido y se basaría, principalmente, en un informe elaborado por la propia ANPyN tras una auditoría de corta duración, lo que abre el debate sobre la legitimidad del proceso y el control de un recurso estratégico para la provincia.



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