El debate sobre la posibilidad de derogar la ley que declaró la necesidad de la reforma constitucional sumó una nueva voz con peso jurídico. El abogado, docente y exlegislador provincial Manuel Raimbault sostuvo que el proceso ya se encuentra en marcha y no puede ser interrumpido mediante una nueva ley, al entender que se trata de una instancia institucional distinta a la legislación ordinaria.

Raimbault explicó que la declaración de necesidad de reforma no debe interpretarse como una ley común, sino como el inicio formal de un proceso preconstituyente, con etapas ya cumplidas que le dan plena vigencia jurídica.

“El proceso de reforma constitucional ya está disparado, ya está iniciado”, afirmó, y remarcó que actualmente ya existe una ley vigente, un proceso electoral convocado y una sentencia judicial firme que ordenó continuar con el cronograma, por lo que cualquier intento de dar marcha atrás generaría un conflicto institucional.

Según planteó, la Legislatura no puede intervenir sobre un proceso de estas características como si se tratara de una norma ordinaria, ya que está ejerciendo una facultad especial prevista por la Constitución.

“Hay una confusión en pensar que porque lo dicta la Legislatura es una ley que se puede derogar como cualquier otra”, señaló Raimbault, y agregó que en este caso se trata de una herramienta de naturaleza preconstituyente, diferente a la actividad legislativa habitual.

En esa línea, explicó que la Constitución diferencia claramente entre las funciones legislativas ordinarias y aquellas vinculadas a procesos de reforma constitucional. “Cuando la Legislatura actúa en este caso, no está ejerciendo actividad legislativa, está ejerciendo una actividad preconstituyente”, sostuvo.

El exlegislador advirtió además que avanzar en la derogación de la declaración de necesidad podría significar una intromisión en un procedimiento ya iniciado y hasta judicializado.

“La Constitución dice que el Poder Legislativo no puede sustraer el conocimiento de causas pendientes”, indicó, en referencia a que la continuidad del proceso ya fue respaldada por la Justicia.

Más allá del aspecto jurídico, Raimbault puso el eje en el rol que tendrá la ciudadanía en la próxima etapa. Señaló que la decisión definitiva no está en manos de la Legislatura, sino del pueblo, a través de la elección de convencionales constituyentes.

“Lo que no se puede sustituir ahora es la voz del pueblo”, afirmó, y explicó que serán los convencionales elegidos quienes tendrán la potestad de avanzar o no con las modificaciones constitucionales.

Incluso, remarcó que la eventual Convención podría decidir no modificar nada, ya que esa posibilidad también está contemplada dentro del proceso.

“Pueden sentarse y decir que no están de acuerdo y cerrar la convención”, explicó, dejando en claro que la convocatoria no implica necesariamente una reforma automática, sino una instancia deliberativa.

Finalmente, Raimbault advirtió que intentar frenar ahora el proceso podría agravar la incertidumbre institucional en la provincia.

“Se genera una situación donde no sabemos si vamos a hacer o no la reforma, y eso refleja una crisis institucional”, sostuvo.

Para el abogado, el debate actual revela un problema más profundo vinculado al funcionamiento institucional de la provincia y a la dificultad de administrar adecuadamente los mecanismos constitucionales.

“Lo que estamos viendo es el nivel de crisis institucional que estamos teniendo en la provincia”, concluyó.