política
El Superior Tribunal rechazó por primera vez una propuesta de jueces y abrió un nuevo escenario institucional
El STJ decidió no aceptar una de las candidaturas elevadas por el Consejo de la Magistratura y estableció un criterio inédito que podría cambiar el sistema de designación judicial en Tierra del Fuego.
El Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego tomó una decisión sin antecedentes en la provincia al rechazar por primera vez una propuesta de designación de jueces enviada por el Consejo de la Magistratura.
La medida quedó establecida en la acordada 24/2026. Allí, el Tribunal aceptó una designación para un juzgado Correccional, pero rechazó otra correspondiente al Juzgado de Familia y Minoridad N.º 1 de Ushuaia, al considerar que había otras postulantes con mejores antecedentes.
Hasta ahora, el funcionamiento habitual era que el Consejo de la Magistratura seleccionaba candidatos y el Superior Tribunal convalidaba esas decisiones sin objeciones.
Sin embargo, con esta resolución, el STJ sostuvo que no está obligado a aceptar automáticamente las propuestas del Consejo y que tiene facultades para revisar si esas decisiones son razonables.
El cambio introduce un nuevo criterio dentro del sistema judicial fueguino y podría generar consecuencias institucionales más amplias. Según plantea la propia discusión, si el Superior Tribunal puede rechazar propuestas del Consejo, el Poder Ejecutivo también podría intentar aplicar un criterio similar cuando deba analizar futuras designaciones para integrar el máximo tribunal.
La situación también abre interrogantes porque el propio Superior Tribunal participa dentro del Consejo de la Magistratura. Es decir, interviene en la etapa de selección de candidatos y luego puede revisar esas mismas decisiones desde su rol como órgano designador.
Desde distintos sectores advierten que este nuevo precedente podría modificar el equilibrio entre los organismos que participan en la elección de jueces y generar futuras tensiones institucionales.
La acordada, además, plantea la necesidad de avanzar hacia mecanismos más transparentes y objetivos para la selección de magistrados, con criterios de evaluación más claros y fundamentados.