El Gobierno de Javier Milei formalizó el envío al Congreso de un proyecto para derogar totalmente la Ley 27.642 de Etiquetado Frontal, la normativa que obliga a incorporar octógonos negros en envases de alimentos y bebidas para advertir sobre excesos de azúcar, sodio, grasas y calorías.

La iniciativa lleva las firmas del presidente Javier Milei, del jefe de Gabinete Manuel Adorni y del ministro de Salud Mario Lugones, y ya ingresó al Senado para comenzar su tratamiento legislativo.

Desde la Casa Rosada sostienen que, tras su implementación, la ley evidenció “limitaciones técnicas, regulatorias, operativas y económicas” que justifican dar marcha atrás con el esquema vigente.

Uno de los principales cuestionamientos oficiales apunta a que el sistema utiliza criterios generales para productos muy diferentes entre sí, lo que —según el Ejecutivo— termina colocando advertencias similares sobre alimentos tradicionales y productos ultraprocesados.

En los fundamentos del proyecto, el Gobierno asegura que esto genera “interpretaciones simplificadas” y confusión entre los consumidores.

Otro de los argumentos planteados es el impacto económico sobre la industria alimenticia. Según la iniciativa, la obligación de modificar envases, reformular productos y adecuarse al sistema actual provocó mayores costos operativos y dificultades para muchas empresas.

Además, el oficialismo considera que el modelo de etiquetado vigente desalienta mejoras parciales en los productos, ya que el sistema funciona de manera “binaria”: el alimento tiene sello o no lo tiene.

Pese a la derogación propuesta, el Ejecutivo aclaró que no se eliminará la obligación de informar la composición nutricional de los productos. Esa información continuará figurando en los envases bajo las normas del Código Alimentario Argentino y las regulaciones generales de defensa del consumidor.

El Gobierno plantea reemplazar el actual esquema por un sistema “más preciso, contextualizado y científicamente consistente”, alineado con estándares nutricionales utilizados en otros países del Mercosur.

La ley de etiquetado frontal había sido aprobada en 2021 y generó amplio respaldo de organizaciones médicas, nutricionistas y asociaciones vinculadas a la salud pública, que defendían la utilización de advertencias visibles para combatir la obesidad infantil y promover hábitos de consumo más saludables.

Ahora, la discusión volverá a instalarse en el Congreso, donde se anticipa un fuerte debate entre sectores sanitarios, industriales y políticos sobre el futuro del sistema de etiquetado en Argentina.