La iniciativa fue presentada como una herramienta de inclusión y acompañamiento. Sin embargo, su aprobación vuelve a poner sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿era realmente esta una de las prioridades de la ciudad?

Mientras el Concejo dedica tiempo a regular la limpieza de patios y canteros, los reclamos más frecuentes de los vecinos pasan por otros problemas mucho más visibles y cotidianos.

Uno de ellos es el colapso vehicular que se registra diariamente en el Puente General Mosconi, una situación que empeora año tras año y que afecta a miles de vecinos que deben trasladarse entre la Margen Sur y el resto de la ciudad.

A esto se suma el creciente caos vehicular que se genera en los horarios de ingreso y salida escolar. Lejos de encontrar una solución, el problema parece agravarse cada ciclo lectivo.

En numerosos establecimientos educativos, padres y madres detienen sus vehículos en doble fila, ocupan gran parte de la calzada o estacionan sobre sectores prohibidos para dejar a sus hijos prácticamente en la puerta de la escuela. La situación se vuelve especialmente compleja en calles angostas donde la circulación ya resulta difícil en condiciones normales.

El resultado es conocido por todos: embotellamientos, maniobras peligrosas, demoras y una creciente sensación de desorden urbano.

Frente a este escenario, la nueva ordenanza genera interrogantes sobre las prioridades legislativas.

Porque si bien nadie discute la necesidad de acompañar a adultos mayores o personas con discapacidad, tampoco existen registros públicos que indiquen que las multas por patios o canteros sucios representen hoy una preocupación masiva para los vecinos de Río Grande.

De hecho, muchos ciudadanos se preguntan cuántas sanciones efectivas se aplican por estas situaciones y si realmente era necesario crear una nueva normativa y un nuevo registro municipal para abordar una problemática cuya magnitud parece ser limitada.

Mientras tanto, siguen sin resolverse cuestiones que impactan diariamente en miles de personas:

• el tránsito colapsado en sectores estratégicos de la ciudad,
• la falta de ordenamiento vehicular en zonas escolares,
• las veredas deterioradas,
• y la necesidad de una planificación urbana acorde al crecimiento de Río Grande.
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La ordenanza ya fue aprobada. Sin embargo, el debate sigue abierto.

Porque más allá de las buenas intenciones, la pregunta continúa siendo la misma:

¿Se trata de una respuesta a una necesidad real y extendida de la comunidad o de una norma que llega para resolver un problema que pocos vecinos identificaban como prioritario frente a los desafíos urbanos que enfrenta hoy Río Grande?