La defensa pública de los salarios de los integrantes del Superior Tribunal de Justicia realizada por su presidenta, María del Carmen Battaini, volvió a poner en el centro de la discusión la marcada diferencia entre los haberes de la cúpula judicial y los ingresos de los trabajadores de menor rango dentro del Poder Judicial fueguino.

La polémica surgió luego de que representantes gremiales revelaran que los jueces del máximo órgano judicial de la provincia perciben salarios que rondan los 25 millones de pesos mensuales. Lejos de desmentir la cifra, Battaini defendió esos ingresos al sostener que son el resultado de una extensa carrera judicial y de las responsabilidades que implica integrar el Superior Tribunal de Justicia.

Sin embargo, sus declaraciones no hicieron más que profundizar el debate.

Mientras los magistrados percibirían haberes cercanos a los $25 millones mensuales, trabajadores que recién ingresan al Poder Judicial cobran entre $1,7 y $1,8 millones brutos. La diferencia representa más de 13 veces el salario de un empleado inicial dentro del mismo sistema.

La discusión se da además en medio de reclamos salariales impulsados por distintos sectores de trabajadores judiciales, quienes exigen recomposición de ingresos y mejores condiciones laborales.

Los cuestionamientos no apuntan únicamente al monto de los salarios, sino también a la distancia existente entre quienes integran la máxima jerarquía judicial y el resto de los empleados del Poder Judicial.

Otro dato que alimentó la controversia es la comparación con el Salario Mínimo, Vital y Móvil. Un ingreso de $25 millones equivale aproximadamente a 68 salarios mínimos, una cifra que para muchos sectores resulta difícil de justificar en un contexto económico marcado por la pérdida del poder adquisitivo y las dificultades que atraviesan numerosos trabajadores.

A la discusión salarial se suma además un debate institucional. La Constitución de Tierra del Fuego establece que las remuneraciones de los funcionarios públicos no deben superar la correspondiente al gobernador de la provincia, situación que llevó a algunos sectores a plantear interrogantes sobre la aplicación efectiva de ese principio.

Mientras desde el Superior Tribunal sostienen que los salarios responden a la jerarquía de los cargos, la dedicación exclusiva y las incompatibilidades propias de la función judicial, los cuestionamientos continúan creciendo y ponen nuevamente bajo la lupa los mecanismos utilizados para fijar los haberes de los más altos funcionarios del Estado.