En 2008, un hecho sin precedentes sacudió a la provincia de La Rioja: un pueblo completo fue vendido como parte de una operación inmobiliaria a un empresario estadounidense.

La compraventa abarcó 200.000 hectáreas en la zona de Valle Hermoso e incluyó mucho más que campos. Dentro del predio había casas, una escuela, una iglesia, reservas de agua dulce, tierras productivas y decenas de familias que ya vivían allí.

El comprador fue el empresario y rabino estadounidense Yosef Jaime Libersohn, quien pagó 650.000 dólares por las tierras. Sin embargo, la operación generó una enorme polémica cuando salió a la luz que el paquete incluía un pueblo habitado y recursos naturales considerados estratégicos.

El caso tuvo repercusión nacional tras una investigación periodística y, dos años después, el Ministerio del Interior intervino para investigar la operación al detectar presuntas irregularidades en la documentación y en el proceso de compraventa.

El caso que impulsó la Ley de Tierras

El episodio de Valle Hermoso fue uno de los antecedentes que tuvo en cuenta el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner para impulsar la Ley 26.737 de Tierras Rurales, sancionada en 2011.

La norma estableció límites a la compra de tierras por parte de extranjeros con el objetivo de proteger recursos estratégicos y evitar una mayor extranjerización del territorio argentino.

Entre otros puntos, la ley dispone que:

• 🇦🇷 Los extranjeros no pueden ser propietarios de más del 15% de las tierras rurales del país.
• 🌎 Una misma nacionalidad no puede concentrar más del 30% de ese porcentaje.
• 🌾 Se fijan límites de superficie para cada comprador extranjero.
• 💧 Se prohíbe la adquisición de tierras que contengan o estén junto a importantes reservas de agua.

Qué propone Javier Milei

El Gobierno nacional impulsa ahora una reforma para eliminar esas restricciones mediante el proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.

La iniciativa busca permitir la compra de tierras rurales por parte de extranjeros sin los límites establecidos por la legislación vigente.

Quienes respaldan el proyecto sostienen que favorecerá la llegada de inversiones. En cambio, sus detractores advierten que podría repetirse situaciones como la ocurrida en Valle Hermoso, donde una operación de compraventa terminó incluyendo un pueblo entero y recursos considerados estratégicos para el país.