La Justicia provincial realizó un nuevo allanamiento en la Unidad de Detención Nº1 de Río Grande, en el marco de la investigación que busca esclarecer la violenta golpiza sufrida por tres reclusos el pasado 9 de mayo y determinar si existió un presunto ocultamiento de pruebas.

La medida fue ordenada por la jueza de Instrucción Cecilia Cataldo, a pedido del fiscal mayor Martín Bramati, luego de que surgieran inconsistencias entre las comunicaciones internas del Servicio Penitenciario y la documentación incorporada al expediente.

El procedimiento se suma al allanamiento realizado la semana pasada, cuando fueron secuestrados dos teléfonos celulares que pertenecerían a los internos Leandro Soto y Cristian Varas, dispositivos considerados claves para reconstruir lo ocurrido.

Además, la investigación intenta establecer qué ocurrió con otras evidencias, entre ellas un destornillador y un tramo de palo de escoba, que habrían sido secuestrados tras la agresión, pero nunca fueron remitidos al Juzgado ni incorporados formalmente a la causa.

Estas presuntas irregularidades reforzaron la hipótesis de un posible ocultamiento de pruebas y eventuales maniobras para entorpecer la investigación por parte de integrantes del Servicio Penitenciario.

Durante el allanamiento realizado este miércoles, funcionarios judiciales y efectivos policiales revisaron las imágenes de las cámaras de seguridad ubicadas en distintos sectores de la penitenciaría, material que será analizado para determinar si aporta nuevas evidencias a la investigación.