La intervención del Puerto de Ushuaia, dispuesta por el Gobierno nacional el pasado 20 de enero, volvió a quedar en el centro de la polémica a partir de un informe emitido por C5N.

La investigación periodística señaló que la administración nacional mantiene bajo su control una terminal estratégica para Tierra del Fuego, cuya actividad representa una caja estimada en $22.000 millones anuales, recursos que la provincia reclama judicialmente.

El informe también abordó el impacto laboral de la intervención. Según se indicó, unos 140 trabajadores permanecen desplazados de sus puestos, mientras continúa la disputa judicial por la situación de los empleados y el control de las instalaciones.

Otro de los puntos cuestionados fueron las contrataciones realizadas durante la intervención. Entre los ejemplos mencionados aparece el servicio de limpieza portuaria, cuyo costo habría pasado de $6,5 millones a $563 millones en apenas seis meses.

La cobertura también hizo referencia al desembarco de fuerzas de seguridad en el puerto y a las restricciones para el ingreso de autoridades provinciales y trabajadores.

Finalmente, el informe planteó interrogantes sobre los intereses geopolíticos y económicos que rodean al Puerto de Ushuaia, especialmente por su ubicación estratégica frente al Canal Beagle y como puerta de entrada a la Antártida.

Mientras tanto, el Gobierno de Tierra del Fuego continúa recurriendo a la Justicia para intentar recuperar el control de la terminal portuaria y de los recursos que considera propios de la provincia.