El Gobierno nacional salió a defender la presencia de un buque de bandera británica en el puerto de Ushuaia, en una decisión que volvió a generar tensión con Tierra del Fuego por tratarse de una embarcación vinculada a operaciones petroleras.

El vocero presidencial Adrián Ravier aseguró que el BS Promise no violó la Ley Gaucho Rivero y negó que su presencia represente una vulneración de la soberanía argentina.

El argumento utilizado por Nación es que el buque no estaba realizando tareas de exploración o explotación de hidrocarburos en la cuenca de Malvinas. Según explicó Ravier, la legislación no prohíbe el ingreso de cualquier embarcación relacionada con el Reino Unido, sino específicamente aquellas vinculadas con actividades de exploración o explotación de recursos naturales en la zona de Malvinas.

Pero la explicación oficial también trasladó parte de la responsabilidad a Tierra del Fuego.

Ravier sostuvo que el BS Promise había cargado petróleo crudo en el norte de la provincia antes de llegar a Ushuaia y afirmó que la operación en la monoboya había sido previamente autorizada por autoridades fueguinas.

“El barco no solo venía de trabajar en Argentina, sino que venía de la propia provincia de Tierra del Fuego”, argumentó el funcionario.

NACIÓN AUTORIZÓ SU APROVISIONAMIENTO EN USHUAIA

El punto más controvertido es que, mientras Nación sostiene que la operación no vulneró ninguna norma, las autoridades nacionales también autorizaron que el buque se aprovisionara en el puerto de Ushuaia, cuya administración se encuentra actualmente intervenida por el Gobierno nacional.

Es decir, el propio Gobierno de Javier Milei reconoce que habilitó la utilización de infraestructura portuaria argentina por parte de la embarcación británica, aunque sostiene que esa autorización no implica una cesión de soberanía ni una violación de la Ley Gaucho Rivero.

Desde Tierra del Fuego, la respuesta fue completamente diferente.

El Gobierno provincial había repudiado la presencia del buque y cuestionado la decisión de Nación de permitir su operación en Ushuaia. Además, reclamó conocer qué criterios políticos, estratégicos y administrativos fueron utilizados para autorizar la maniobra.

La Provincia también exigió el fin de la intervención nacional sobre el puerto y reclamó que la terminal sea restituida al control fueguino.

UNA DISCUSIÓN QUE VA MÁS ALLÁ DE UN BUQUE

La polémica no se limita al ingreso de una embarcación.

El caso vuelve a poner sobre la mesa qué posición adopta el Gobierno nacional frente a empresas y embarcaciones vinculadas al Reino Unido que desarrollan actividades relacionadas con los recursos naturales del Atlántico Sur.

Consultado sobre si Nación permitirá en el futuro que compañías extranjeras utilicen puertos argentinos para brindar apoyo logístico a actividades petroleras en la zona de Malvinas, Ravier no respondió de manera directa.

Tampoco respondió sobre una carta enviada al Gobierno nacional dos meses atrás por las autoridades fueguinas, que —según se planteó durante la conferencia— todavía no habría obtenido respuesta.

La discusión queda así planteada: para Nación, el BS Promise podía ingresar y aprovisionarse porque no estaba realizando directamente tareas de exploración o explotación en Malvinas; para Tierra del Fuego, permitir que un buque británico vinculado a la actividad petrolera utilice infraestructura estratégica de Ushuaia constituye una decisión que debe ser explicada y discutida en términos de soberanía.