BUENOS AIRES.- Mientras miles de argentinos hacen cuentas para comprar alimentos, pagar el alquiler, los servicios y los medicamentos, en el Congreso vuelve a aparecer una discusión que desnuda una realidad difícil de ignorar: los privilegios de la política siguen muy lejos de la realidad de la calle.

Los senadores nacionales pasarán a cobrar más de $13,1 millones brutos mensuales desde enero de 2027, luego de un nuevo acuerdo paritario entre las autoridades del Congreso y los gremios legislativos.

El incremento contempla subas del 1,9% en septiembre, 1,8% en octubre, 1,6% en noviembre y 1,5% en diciembre, lo que representa un aumento acumulado del 6,96%, sin incluir un bono.

La cifra adquiere otra dimensión cuando se la contrasta con la Argentina cotidiana: trabajadores que pierden poder adquisitivo, jubilados que deben elegir entre medicamentos y comida y familias que recortan gastos básicos para poder llegar al final del mes.

Una política cada vez más alejada de la calle

El dato que terminó de encender la polémica es que, durante una jornada en el Senado, solo cuatro de los 72 legisladores estaban presentes. La mayor actividad parlamentaria suele concentrarse entre martes y jueves.

La discusión no distingue demasiado entre oficialismo y oposición. La política vuelve a mostrar una lógica corporativa en la que los límites partidarios parecen desaparecer cuando se trata de salarios y beneficios propios.

Mientras afuera del Congreso se discute cómo sobrevivir con ingresos que no alcanzan, puertas adentro se actualizan dietas millonarias.

Y ahí aparece la pregunta incómoda: ¿qué tan conectada está la dirigencia con el país que dice representar?

Porque para una familia que no llega a fin de mes, un aumento salarial no es una cuestión administrativa. Es la diferencia entre poder comprar comida o quedarse sin ella. Para un jubilado, puede significar elegir entre un medicamento y una factura.

 El problema no es solo cuánto cobran

La discusión tampoco debería reducirse exclusivamente al monto de las dietas. El verdadero problema es la distancia cada vez mayor entre quienes toman decisiones y quienes padecen sus consecuencias.

La política argentina reclama sacrificios a la sociedad desde hace años. Ajustes, aumentos de tarifas, reducción del consumo y esfuerzos para equilibrar las cuentas. Pero cuando el esfuerzo toca a la propia dirigencia, aparecen mecanismos para preservar ingresos y beneficios.

El pueblo ajusta. La política se acomoda.

Y mientras los discursos hablan de austeridad, empatía y esfuerzo colectivo, una parte de la dirigencia continúa protegida de la crisis que atraviesa a millones de argentinos.

La pregunta ya no es cuánto cobra un senador. La pregunta es cuánto puede alejarse un representante de la realidad de quienes lo eligieron antes de dejar de representarlos.