Rossi explicó que el organismo interviene ante situaciones de vulneración de derechos o riesgo, a través de equipos profesionales que realizan los abordajes correspondientes, elaboran informes y elevan la información a las autoridades judiciales. En este sentido, aclaró que las decisiones y medidas judiciales son competencia de los juzgados.

“Nuestra función y nuestra responsabilidad es con los derechos de las niñas, niños y adolescentes, por sobre cualquier conflicto entre adultos. Nosotros abordamos las situaciones, realizamos los informes correspondientes y elevamos la información a la Justicia. Nosotros hacemos sugerencias e informamos lo que sucede. La Justicia dispone”, sostuvo la funcionaria.

La revinculación requiere tiempo y acompañamiento

La ministra también se refirió a los procesos de revinculación familiar y remarcó que no se trata de un trámite administrativo, sino de procesos que pueden requerir diferentes etapas de evaluación, acompañamiento profesional y cumplimiento de determinadas condiciones.

“Una revinculación no es un trámite administrativo. Es un proceso que requiere tiempo, acompañamiento y, en muchos casos, el cumplimiento de determinados tratamientos o intervenciones profesionales”, afirmó Rossi.

En esa línea, explicó que los tratamientos son determinados por los especialistas de Salud y que los tiempos de cada proceso también dependen de la evolución de las personas involucradas, así como de su adhesión y cumplimiento de las indicaciones establecidas.

Preservar la intimidad también es proteger

Por otra parte, Rossi hizo hincapié en la necesidad de preservar la intimidad de las niñas, niños y adolescentes que atraviesan este tipo de situaciones, especialmente cuando existen conflictos entre personas adultas.

“Respetamos profundamente el derecho de toda persona a reclamar y a pedir respuestas a las instituciones del Estado. Pero cuando hay niñas, niños y adolescentes involucrados, todas las personas adultas tenemos una responsabilidad mayor: preservar su intimidad, evitar exposiciones innecesarias, escucharlos y proteger sus derechos”, señaló.

Finalmente, la ministra sostuvo que las infancias y adolescencias deben ocupar un lugar central en las decisiones que adopten las instituciones y las personas adultas.

“Las niñas, niños y adolescentes son sujetos de derechos y deben estar siempre en el centro de nuestras decisiones. No pueden quedar expuestos ni ser utilizados en conflictos que corresponden al mundo adulto”, afirmó.

Y concluyó: “Por encima de cualquier diferencia, reclamo o conflicto, hay algo que nos tiene que encontrar del mismo lado: el cuidado y la protección de nuestras infancias y adolescencias”.