RÍO GRANDE. La investigación judicial por la brutal golpiza sufrida por tres internos de la Unidad de Detención de Río Grande continúa ampliándose y ya es considerada una mega causa dentro de la Justicia Provincial. Con la nueva requisitoria fiscal, el expediente suma 24 personas imputadas.

La acusación alcanza a los diez internos señalados como responsables de la agresión contra Jhonatan Burgoa Albarración, Maximiliano Burgoa y Pedro Jesús Flores, quienes fueron atacados el pasado 9 de mayo luego de ser ingresados al pabellón B, en el marco de un presunto ajuste de cuentas con otro recluso.

La ampliación de la acusación fue presentada por los fiscales Martín Bramatti y Ariel Pinno, a partir de los avances registrados en las medidas de prueba. Entre ellas se encuentran el análisis de teléfonos celulares, las imágenes obtenidas de las cámaras de seguridad y las declaraciones testimoniales incorporadas a la investigación.

Inicialmente, la causa tenía como imputados a siete integrantes del Servicio Penitenciario, entre ellos el director de la Unidad de Detención, Raúl Ciares. Ahora, la Fiscalía extendió la investigación hacia personal de la guardia externa y otras áreas vinculadas con la seguridad perimetral.

Según la hipótesis que se investiga, la agresión se habría extendido durante más de dos horas, por lo que se busca determinar qué grado de responsabilidad pudieron tener los agentes que se encontraban cumpliendo funciones en distintos sectores del establecimiento y si la situación pudo haber pasado inadvertida.

En ese marco, la jueza de la causa notificó de sus derechos y garantías al oficial subadjutor Romero; los cabos Borja, Grahl y Salinas; y los agentes Escobar, Rodríguez y Alomo, quien se encontraba de servicio en la sala de Monitoreo.

La incorporación de nuevos imputados también generó dificultades en materia de defensa. La cantidad de personas involucradas provocó un fuerte impacto en la Defensoría Oficial, cuyos integrantes debieron excusarse en varios casos debido a la existencia de intereses contrapuestos entre las distintas partes.

Esta situación obligó incluso a suspender nuevamente la declaración testimonial de las tres víctimas, prevista para este jueves. Se trata de la segunda postergación, debido a las inhibiciones de defensores oficiales que ya intervienen en causas relacionadas con algunos de los imputados.

El conflicto se origina en que el expediente reúne, por un lado, a tres internos en calidad de víctimas y, por otro, a diez presos imputados, varios de los cuales cuentan con asistencia de la Defensa Oficial en sus respectivos procesos penales.

Ante este escenario, la jueza de Instrucción N.º 3, Cecilia Cataldo, fijó una nueva fecha para recibir los testimonios: el 14 de septiembre.

Además, la magistrada solicitó la intervención de la Defensoría Mayor ante el Superior Tribunal de Justicia (STJ) para que se adopten las medidas necesarias que permitan garantizar el derecho de defensa de todos los imputados y evitar nuevas demoras en el avance de la investigación.

La causa continúa en etapa de instrucción y las nuevas medidas de prueba serán determinantes para establecer el grado de responsabilidad que podría corresponder tanto a los internos acusados de la agresión como al personal penitenciario investigado por una presunta omisión en sus funciones.