La Justicia Federal de Río Grande dio un paso clave en la causa iniciada contra las empresas extranjeras que buscan desarrollar el proyecto petrolero Sea Lion, ubicado en aguas próximas a las Islas Malvinas.

La jueza federal Mariel Borruto declaró la competencia de su juzgado para intervenir en la demanda presentada por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados y Abogadas y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA) contra Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum Development and Production Limited (NPDP).

La decisión permite que la causa continúe su trámite ante la Justicia Federal de Río Grande y constituye un avance para los demandantes, que cuestionan el desarrollo de actividades hidrocarburíferas vinculadas al proyecto Sea Lion, denominado “León Marino” en la documentación judicial.

SOBERANÍA, EL PUNTO CENTRAL DEL FALLO

Uno de los aspectos más relevantes de la resolución es que Borruto entendió que el conflicto no se limita a una cuestión ambiental ni a una discusión técnica sobre explotación petrolera.

Para la magistrada, en la causa también está comprometida la soberanía nacional sobre el territorio y los espacios marítimos del Atlántico Sur.

El fallo sostiene que la defensa de la soberanía constituye un interés federal y que, por las características del caso, existen distintos elementos que justifican la intervención de la Justicia Federal.

De esta manera, el expediente queda bajo jurisdicción de un juzgado de Tierra del Fuego, provincia que tiene una vinculación directa con los espacios marítimos e insulares involucrados.

UNA PETROLERA EXTRANJERA Y UN PROYECTO EN EL ATLÁNTICO SUR

El proyecto Sea Lion contempla el desarrollo de actividades hidrocarburíferas en el área de las Islas Malvinas y se encuentra asociado a las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum.

La demanda pretende impedir que las empresas avancen con obras, perforaciones e instalaciones vinculadas al emprendimiento hasta que se cumplan los procedimientos de evaluación ambiental exigidos por la legislación argentina.

Entre la infraestructura mencionada en la causa aparecen pozos submarinos, instalaciones de producción y almacenamiento, líneas de flujo y otras estructuras destinadas a la explotación de hidrocarburos.

La Justicia también consideró que las características del emprendimiento comprometen recursos naturales del Atlántico Sur y que una eventual afectación ambiental podría exceder una jurisdicción territorial específica.

LA CAUSA AHORA DEBERÁ AVANZAR

La declaración de competencia no significa todavía una decisión definitiva sobre la continuidad o suspensión del proyecto petrolero.

Borruto deberá avanzar ahora con distintas cuestiones procesales, entre ellas determinar la admisibilidad de la acción colectiva presentada por los demandantes.

También quedó pendiente el tratamiento de las medidas cautelares solicitadas para impedir que las empresas continúen con las actividades vinculadas al proyecto mientras se resuelve el fondo de la cuestión.

Además, la jueza dispuso darle intervención a la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, a través de la Fiscalía de Estado.

El proceso judicial abre así una nueva instancia de discusión sobre la explotación de recursos naturales en el Atlántico Sur y sobre el alcance de la jurisdicción argentina frente a proyectos impulsados por empresas extranjeras en el área de las Islas Malvinas.

Por ahora, el dato central es que la Justicia Federal de Río Grande se declaró competente y la demanda contra el proyecto Sea Lion continuará tramitándose en Tierra del Fuego.