La investigación sobre el polémico radar de LeoLabs instalado en Tolhuin vuelve a poner sobre la mesa una discusión que excede al propio radar: ¿cuánto le cuesta al Estado investigar al Estado?

 

La Comisión Especial Investigadora de la Legislatura fue creada para analizar las actuaciones administrativas y determinar eventuales responsabilidades políticas y técnicas vinculadas con la autorización del sistema instalado en Tierra del Fuego.

 

El cuerpo está integrado por ocho legisladores: Pablo Villegas, Federico Sciurano, Juan Carlos Pino, Matías Lapadula, Raúl Von der Thusen, Gisela Dos Santos, Natalia Gracianía y María Laura Colazo.

 

Ahora, la comisión anunció que se trasladará a Buenos Aires entre el 18 y el 22 de septiembre. En la agenda aparecen dos reuniones presenciales: una con Jorge Taiana, prevista para el viernes 18, y otra con el exjefe del Estado Mayor Conjunto Juan Martín Paleo, el lunes 21.

 

Y ahí aparece la pregunta que, hasta ahora, nadie respondió: ¿Cuánto va a costar esta misión a los fueguinos?

 

La Legislatura comunicó las fechas y las reuniones, pero no informó públicamente el costo total de los pasajes, alojamiento, viáticos y traslados internos. Tampoco quedó explicitado en la comunicación oficial cuántos de los ocho integrantes viajarán efectivamente. 

 

UN VIAJE QUE PODRÍA SUPERAR LOS $10 MILLONES

 

Sin contar eventuales viáticos oficiales de la Legislatura, una estimación prudente permite dimensionar el gasto. 

 

Tomando como referencia pasajes aéreos de aproximadamente $350.000 ida y vuelta por persona, alojamiento durante cinco noches, comidas y traslados, el costo podría rondar los $1,2 millones por legislador.

 

Si los ocho integrantes de la comisión realizaran el viaje, el gasto potencial se ubicaría en el orden de los $10 millones.

 

Es importante aclararlo: no se trata del costo oficial de la misión, porque ese dato todavía no fue informado. Es una estimación realizada sobre valores de referencia y deberá ser contrastada con las órdenes de compra, pasajes, viáticos y resoluciones de comisión de servicio que emita la Legislatura.

 

Pero incluso si el monto final fuera menor, la discusión de fondo permanece.

 

Porque Tierra del Fuego atraviesa una etapa de restricción económica, caída del consumo y fuerte presión sobre las cuentas públicas. En ese escenario, cada gasto del Estado debería ser analizado con la misma rigurosidad que se exige a cualquier familia, comerciante, trabajador o empresa.

 

¿ERA IMPRESCINDIBLE IR A BUENOS AIRES?

 

La propia Comisión Investigadora cuenta con herramientas para avanzar en su tarea sin necesidad de trasladar a sus integrantes.

 

Puede requerir documentación e informes al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial, al Tribunal de Cuentas y a la Fiscalía de Estado. También puede citar funcionarios, empleados y testigos, además de disponer pericias.

 

Entonces, la pregunta resulta inevitable.

 

¿Era indispensable trasladar una comisión legislativa durante cinco días para concretar dos entrevistas?

 

Las nuevas tecnologías permiten realizar una entrevista con un exfuncionario o un especialista mediante una videoconferencia, incorporar la declaración al expediente y dejar constancia formal de la misma.

 

También podrían solicitarse informes escritos, documentación respaldatoria, expedientes administrativos, contratos, autorizaciones, comunicaciones oficiales y antecedentes técnicos.

 

Nadie discute la importancia de investigar qué ocurrió con el radar de LeoLabs.

 

Lo que merece discusión es la manera en que se decide gastar los recursos públicos para hacerlo.

 

Porque investigar no significa necesariamente viajar.

 

CINCO DÍAS PARA DOS REUNIONES

 

El dato resulta particularmente llamativo: la misión está prevista entre el 18 y el 22 de septiembre, mientras que las reuniones anunciadas son dos, separadas además por el fin de semana.

 

Eso abre otra pregunta que la Legislatura debería responder públicamente:

 

¿Qué actividades adicionales están previstas durante esos días y cuánto costarán?

 

Si existen otras reuniones, sería razonable informarlas. Si existen gestiones ante organismos nacionales, también. Y si finalmente solamente se realizarán las dos entrevistas anunciadas, los fueguinos tienen derecho a saber por qué se consideró necesario desplegar semejante operativo.

 

Porque el problema no es que ocho legisladores viajen a Buenos Aires. El problema sería que se utilicen recursos públicos para hacer presencialmente lo que podría hacerse a distancia, sin explicar por qué esa alternativa no resulta suficiente.

 

LA TRANSPARENCIA TAMBIÉN DEBERÍA EMPEZAR POR CASA

 

La investigación del radar LeoLabs busca determinar responsabilidades y reconstruir qué ocurrió con una instalación que generó preocupación política e institucional.

 

Es una tarea legítima y necesaria. Pero una comisión que pretende investigar responsabilidades del Estado también debería aplicar sobre sí misma el principio de transparencia y austeridad que tantas veces se reclama a otros organismos.

¿Cuánto cuesta cada pasaje?

¿Cuánto se pagará por cada noche de hotel?

¿Cuánto corresponde en viáticos?

¿Cuántos legisladores viajarán?

¿Quiénes viajarán?

¿Hay funcionarios o asesores que los acompañarán?

¿Quién paga los traslados internos?

¿Hay otras reuniones previstas?

 

Y, sobre todo: ¿Por qué no realizar por videoconferencia aquellas entrevistas que puedan hacerse de esa manera y reservar los viajes exclusivamente para las diligencias que realmente requieran presencia física?

 

No son preguntas caprichosas. Son preguntas sobre plata pública. Y en una provincia donde cada peso cuenta, la distancia entre Tolhuin y Buenos Aires no debería convertirse también en una distancia entre quienes toman las decisiones y la realidad económica de los fueguinos.

 

Investigar el radar es importante. Explicar cuánto cuesta investigarlo también.