La Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego detectó fallas estructurales en el sistema de clasificación docente del nivel secundario y exhortó al Ministerio de Educación a corregir los procedimientos y controles utilizados para confeccionar los listados que determinan el orden de acceso a los cargos.

La observación surge del Dictamen N.º 11/2026, emitido el 10 de septiembre a partir de una presentación realizada por la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET), que había planteado presuntas irregularidades en el listado docente correspondiente al ciclo 2026.

Tras realizar una revisión integral del funcionamiento de la Junta de Clasificación y Disciplina de Nivel Secundario, la Fiscalía concluyó que los problemas detectados no constituyen hechos aislados, sino que evidencian deficiencias en el funcionamiento general del sistema.

Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con los tiempos de elaboración y publicación de los listados. La inscripción de docentes se realizó en junio de 2025 y la revisión de puntajes se llevó adelante entre el 2 y el 13 de febrero de 2026. Sin embargo, los actos públicos para cubrir cargos se realizaron los días 18 y 20 de febrero, mientras que el listado definitivo recién fue publicado el 2 de marzo.

Esto significa que se realizaron designaciones utilizando información que todavía no tenía carácter definitivo, situación que la Fiscalía consideró necesario corregir.

El organismo exhortó al Ministerio de Educación a reorganizar el procedimiento para garantizar que los listados definitivos estén disponibles antes de realizar las designaciones. En caso de que los plazos establecidos actualmente hagan imposible cumplir con ese objetivo, planteó incluso la necesidad de evaluar modificaciones legislativas.

Errores de puntaje y falta de controles

La revisión también encontró problemas en la documentación y en el control de los antecedentes utilizados para determinar los puntajes docentes.

En uno de los casos analizados, la reconstrucción de documentación correspondiente a distintos años permitió detectar inconsistencias, entre ellas puntajes que incluso superaban los máximos establecidos por la normativa.

Para la Fiscalía, esto demuestra que el sistema presenta una dependencia excesiva del procesamiento individual y carece de mecanismos suficientes de control y trazabilidad, lo que puede permitir que errores de un año sean trasladados a los listados de años posteriores.

Otro punto cuestionado fue el criterio utilizado por el Ministerio para considerar que determinadas irregularidades de años anteriores quedaban subsanadas simplemente por el paso del tiempo y porque no habían sido impugnadas oportunamente.

La Fiscalía advirtió que el transcurso del tiempo no convierte automáticamente en válido un acto administrativo que pudiera ser irregular, por lo que previamente debe determinarse qué tipo de defecto existió y cuáles son sus consecuencias jurídicas.

También fue señalada la demora en la convocatoria para renovar a los representantes docentes de la Junta de Clasificación y Disciplina.

El dictamen deja así planteado un problema que va más allá de un listado puntual: el propio sistema utilizado para clasificar y designar docentes presenta deficiencias de procedimiento, control y organización que deben ser corregidas por el Ministerio de Educación.

La exhortación de la Fiscalía apunta precisamente a eso: que Educación revise y modifique el funcionamiento del sistema para evitar que errores, demoras o inconsistencias vuelvan a repercutir en las designaciones y en los derechos de los docentes.