RÍO GRANDE. — La legisladora Natalia Gracianía, presidente del bloque de La Libertad Avanza, confirmó que su espacio impulsará quitarle el trámite de urgencia al proyecto de financiamiento educativo remitido por el Poder Ejecutivo. Lo hizo en diálogo con Radio Universidad 93.5.

El proyecto había ingresado con urgencia, lo que obliga a la Legislatura a pronunciarse en un plazo de 30 días. Sin ese trámite, la iniciativa pasaría a comisiones y seguiría el recorrido habitual, sin plazo perentorio. En la práctica, esto podría prolongar la definición de una norma vinculada a los compromisos asumidos con el sector docente.

"Vamos a quitar el trámite de urgencia"

"Por supuesto que vamos a quitarle el trámite de urgencia a este proyecto de ley", afirmó Gracianía, y agregó que corresponde debatirlo en las comisiones, que supone serán Educación y Presupuesto.

La legisladora sostuvo que "la facultad de legislar es del Poder Legislativo" y que, si bien el Ejecutivo puede usar la urgencia, la Cámara también puede dejarla sin efecto.

Cómo se podría concretar

Según explicó, la medida puede aprobarse en una sesión ordinaria o en una sesión especial, convocada con la firma de cinco legisladores y un temario específico. Para avanzar bastaría una mayoría simple.

Los argumentos: gasto y presión tributaria

Gracianía cuestionó los cambios tributarios del proyecto y coincidió con los reparos del sector privado: "Tienen razón, absoluta razón". Calificó de "fórmula mágica" la estrategia del Gobierno de Gustavo Melella de recurrir a emergencias y luego a aumentos de impuestos.

Para la legisladora, "el Gobierno debe revisar cómo está gastando el dinero de todos los fueguinos" y buscar dentro de las partidas del Presupuesto los recursos para afrontar los compromisos que, según dijo, asumió de manera unilateral ante el sector docente.

Estas expresiones corresponden a la posición política de Gracianía y de su bloque.

Una pregunta abierta

La decisión abre interrogantes sobre los tiempos. El bloque libertario plantea un debate en profundidad, pero no precisó plazos para el tratamiento en comisiones ni cuándo podría haber una definición que le dé respuesta al sector docente.

Sin la urgencia, el proyecto dejaría de tener fecha límite, y con ello los trabajadores de la educación seguirían a la espera de una solución legislativa al financiamiento.

Este medio busca la opinión del Ejecutivo, de los gremios docentes y de otros bloques. El espacio queda abierto.