USHUAIA.- El secretario general del SUTEF, Horacio Catena, demandó al Gobierno de Tierra del Fuego y reclama una indemnización de $659 millones por los perjuicios que, según sostiene, sufrió durante los años en que permaneció exonerado de la administración pública.

La demanda fue presentada el 11 de junio de 2026 y se encuentra en trámite bajo el expediente 12172. El reclamo tiene como origen el Decreto Provincial 3004/2015, mediante el cual la entonces gobernadora Fabiana Ríos dispuso la exoneración de dirigentes y delegados docentes vinculados con los incidentes ocurridos durante la toma de Casa de Gobierno del 23 de mayo de 2013.

El caso presenta un particular antecedente: Catena fue condenado penalmente en 2015 a dos años de prisión en suspenso por lesiones leves calificadas y atentado contra la autoridad. Esa condena quedó firme en 2018 luego de que el Superior Tribunal de Justicia rechazara su recurso de casación.

Además, la Justicia había autorizado el levantamiento de su tutela sindical, lo que permitió a la Provincia ejecutar la exoneración en noviembre de 2017.

Sin embargo, el escenario cambió posteriormente. En diciembre de 2022, el Juzgado de Primera Instancia del Trabajo N° 1 declaró nulo el Decreto 3004/2015, al considerar que durante el procedimiento administrativo se habían vulnerado garantías vinculadas con el derecho de defensa y el debido proceso.

La Cámara de Apelaciones confirmó esa decisión en agosto de 2024 y posteriormente el Superior Tribunal de Justicia declaró inadmisible el recurso de casación presentado por la Fiscalía de Estado, dejando firme la nulidad de la sanción administrativa.

La nulidad del decreto no implica la anulación de la condena penal que pesa sobre Catena. La discusión judicial se centró en la legalidad del procedimiento administrativo utilizado para disponer su exoneración.

EL RECLAMO MILLONARIO

A partir de esa nulidad, Catena reclama al Estado provincial $659 millones, más intereses y costas.

El monto incluye $339,5 millones por haberes vinculados a su licencia gremial, $100 millones por perjuicios previsionales, $50 millones por pérdida de oportunidades de ascenso, $150 millones por daño moral y $20 millones por afectación de su proyecto de vida.

En marzo de 2025, el Gobierno provincial dispuso mediante el Decreto 829/2025 la reincorporación transitoria de Catena a sus cargos docentes.

Ahora será la Justicia la que deberá determinar si la nulidad de la exoneración genera responsabilidad patrimonial para la Provincia y, en caso afirmativo, qué parte de los perjuicios reclamados corresponde indemnizar.

Por el momento, los $659 millones constituyen una pretensión de Catena y no una indemnización reconocida judicialmente. Deberá ser la justicia nuevamente la que determine si da lugar a la demanda.