Lo que comenzó como el sueño de acceder a una vivienda terminó en una pesadilla para decenas de familias de Ushuaia. Compraron departamentos ofrecidos bajo la modalidad de construcción “en pozo”, entregaron sus ahorros y, según las denuncias, las obras nunca avanzaron más allá de los primeros movimientos de tierra.

Ante esta situación, la abogada Griselda Engelhard, titular del estudio Abogados del Fin del Mundo, solicitó al Juzgado de Instrucción 1 que declare en rebeldía a Vedia Molina, principal imputado en la investigación por presunta estafa inmobiliaria reiterada. También pidió su captura nacional y la prohibición de salir del país, luego de que se perdiera todo rastro de su paradero.

La investigación acumula tres causas judiciales. Según la querella, el mecanismo se repetía: se ofrecían departamentos con la promesa de entregarlos llave en mano, se captaban los ahorros de las familias y las construcciones no progresaban.

Los montos denunciados superan los 64.300 dólares y los 40 millones de pesos. Además, algunas personas habrían entregado vehículos y propiedades como parte de pago. Otro elemento señalado por la querella es que quienes ofrecían los emprendimientos no contaban con matrícula habilitante para ejercer el corretaje inmobiliario.

El escenario judicial se complicó luego de que el juzgado rechazara un intento de la defensa de cerrar la causa penal mediante un pedido de disculpas.

Posteriormente, cuando se intentó citar a Vedia Molina para ampliar su declaración indagatoria, un informe judicial indicó que no respondía los llamados y que se desconocía su paradero. Incluso su propia abogada defensora habría perdido contacto con él y anunciado su renuncia.

Frente a esta situación, desde Abogados del Fin del Mundo solicitaron una serie de medidas para localizar al imputado y proteger los bienes que podrían responder ante los reclamos de los damnificados. Entre ellas, la declaración de rebeldía, la captura nacional, el cierre de fronteras, la geolocalización de líneas telefónicas, la inhibición de bienes y el secuestro de vehículos.

“No vamos a permitir que se juegue con el esfuerzo y los ahorros de las familias de nuestra ciudad. Avanzamos con firmeza para que se haga justicia”, señalaron desde el estudio jurídico.

Ahora, el juez Sergio Pepe, titular del Juzgado de Instrucción 1, deberá resolver si hace lugar a las medidas solicitadas para dar con el paradero del imputado y resguardar el patrimonio de las personas que denunciaron haber sido perjudicadas.