Aunque recién hace tres semanas la segunda ola de coronavirus instalada en el país y golpeando fuerte al Conurbano Bonaerense, muchos municipios se anticiparon y destinaron parte del presupuesto 2021 a enfrentar este nuevo desafío

En un distrito de zona Norte, esta semana trascendió una medida fiscal distinta a las de otras  ciudades del GBA para obtener fondos para enfrentar la pandemia. En Pilar los vecinos se sorprendieron cuando encontraron en su boleta de servicios generales municipales una categoría denominada “tasa COVID-19”.

Es que en el partido gobernado por el peronista Federico Achával decidieron implementar este recurso para invertir dinero en insumos médicos, campañas y gastos que requiera la lucha contra el coronavirus.

Desde el Municipio explicaron que “es una tasa que tiene un valor mínimo de 80 pesos para la gran mayoría de los contribuyentes y va escalando de acuerdo con tu propiedad. Con esta tasa se busca financiar, aunque sea, una parte (estimamos un 10%) del total de inversión que se realizó en 2020 y se realizará en 2021 en la lucha contra el coronavirus”.

El gravamen se incorpora a través del artículo 276° de la Ordenanza Fiscal 2021 votada por el Concejo Deliberante a fines del año pasado, mediante el cual se lleva a cabo “por la prestación de los servicios municipales” derivados de la pandemia.

Entre ellos se mencionan “los testeos, exámenes y tratamiento médicos realizados a la población, relacionados con la enfermedad”, “los controles de síntomas a la población dispuestos en los distintos puntos del Municipio” y “el cuidado de la salud psíquica y atención de problemas sociales derivados del aislamiento preventivo social y obligatorio en Centros de Salud del Municipio o por vía remota ”.

Repudio en las redes sociales. Los vecinos empezaron a difundir el nuevo impuesto generando polémica.

La normativa detalla que el dinero es destinado a “la adquisición de suministros médicos y materiales de protección para el personal esencial a los efectos de cumplir con los protocolos especiales de prevención que requiere la enfermedad”, como así también al “desarrollo, puesta en funcionamiento y mantenimiento de los Centros de Atención COVID-19, ya sea para internación o aislamiento”.

Los fondos recaudados también se aplicarán a toda adquisición o prestación de servicios relacionas con la sanidad originado por el coronavirus, y “por los servicios de desinfección y sanitización de superficies que deba realizar en locales, establecimientos, vehículos de carga y / o cualquier otro sitio donde ejerza actividad comercial, administrativa y / o industrial, ante la denuncia de un caso sospechoso o confirmado de COVID-19, de oficio o requerimiento del contribuyente, como así también en las situaciones de prevención que establezcan los protocolos y la reglamentación ”.

Además, en la nómina se especifica que el vallado de las calles, paseos públicos, refugios, plazas, bancos y otros espacios de gran circulación para que se cumplan con los controles sanitarios van a estar financiados por dicho impuesto, sumado al “diseño y efectivización de los protocolos preventivos en los espacios públicos”.

Menciona, a la vez, el “suministro de alimentos, raciones de comida y / o cualquier otra modalidad adoptada ya sea en forma directa o través de comedores populares a los efectos de cubrir las necesidades nutricionales de aquellas familias que se encuentran imposibilitadas de accedes a seguidas y, tales erogaciones no están cubiertas por fondos provenientes de programas de la Provincia o de la Nación”.

Siguiendo las enumeraciones del gravamen, está dirigido a solventar “los servicios de comunicación a los vecinos sobre medidas preventivas, programas, atención en establecimientos y toda otra información de relevancia en diferentes medios de comunicación audiovisual, gráficos, redes vía pública, etc.”, y por último, a “las líneas de atención telefónica para la atención de consultas, reclamos y toda otra información relacionada con la enfermedad”.