La decisión fue comunicada el pasado 26 de febrero y desde la Liga Naval Argentina (LNA) la calificaron de “nuevo atropello a la soberanía argentina sobre el archipiélago conformado por las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur”. Lo que acaba de hacer Londres representa un avance más en el camino iniciado en 2012 cuando unilateralmente decidieron crear una AMP (Área Marina Protegida) de más de un millón de kilómetros cuadrados en torno a las Georgias, resume el especialista naval de la LNA.

Las AMP, explica, son porciones de espacios marítimos sobre los cuales se dictan medidas especiales de restricción a las actividades de tipo extractivo como la pesca o la exploración petrolera y a cualquier otra que ponga en riesgo el ecosistema marino con el consecuente perjuicio para los recursos vivos. Existen dos tipos de restricciones. Parciales, que imponen por ejemplo un control sobre la actividad pesquera, y totales, que impiden lisa y llanamente cualquier actividad en un área determinada. “Londres acaba de avanzar en este sentido”, advierte.

El anuncio lanzado desde las islas y ratificado por el las autoridades británicas indica que la medida se adopta con el claro propósito de preservar los recursos ictícolas especialmente el Krill severamente afectado por el accionar de la llamada “pesca de arrastre”.

Voceros del Foreign Office confirmaron a Infobae el anuncio de la designación de nuevas zonas de veda total de pesca dentro de la actual zona marina protegida de las islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur. Las zonas que quedarán totalmente vedadas a la pesca comercial aumentan en 166.000 km2 hasta 449.000 km2, con lo que se protegerá el 36% de la zona marítima de la SGSSI (South Georgia & the South Sandwich Islands), contra el 23% anterior, precisaron.

Las mismas fuentes señalaron que, recientemente, se ha llevado a cabo la segunda revisión quinquenal del Área Marina Protegida de las Islas Georgias del Sur y Sandwich del Sur. “Ha sido dirigida por un experto independiente y ha incluido talleres y consultas con científicos y representantes de las industrias pesquera y turística y grupos ecologistas -señalaron-. La revisión concluyó que la actual AMP está logrando sus objetivos, al tiempo que identificó una serie de áreas para una mayor protección. La decisión se basa en las recomendaciones derivadas del informe de esta revisión y otros informes científicos recientes pertinentes, al tiempo que tiene en cuenta los derechos y obligaciones del Reino Unido en virtud de la Convención para la Conservación de los Recursos Vivos Marinos Antárticos”.

En el sitio web oficial de la autoridad colonial de las islas Georgias del Sur se brinda una reseña acerca de la creación de esta verdadera “zona de exclusión”, la que por su superficie total de 1.240.000 km2 es equivalente a 5 veces la superficie emergida del Reino Unido. El portal señala que la misma se constituyó a principios de 2012.

Cuando Londres la anunció -hacia fines de 2011- tanto la Cancillería Argentina como la Cámara de Diputados hicieron oír su reclamo ya que no solo constituía un acto de provocación al ser realizado en forma unilateral, sino que además lo hacía avanzando sobre aguas que están sujetas a lo normado por la Convención para la Conservación de los Recursos Marinos Vivos Antárticos (CCAMLR).

En aquel momento, el Foreign Office emitió un comunicado en el que instaba a Argentina a anteponer la conservación del medio marino a sus pretensiones de soberanía.

¿Qué es lo que acaba de modificar el Reino Unido en la región? “Desde 2012, momento del nacimiento unilateral de la AMP Georgias, Londres se atribuyó la potestad de regular a su exclusivo criterio cualquier tipo de actividad humana sobre más de un 1.200.000.km2 de océano -explican desde la Liga Naval-. De ese total, impuso restricciones absolutas a la actividad pesquera -entre otras - en una superficie de aproximadamente 283.000 km2. Ahora, a esa área le agrega 166.000 km2 adicionales en base a criterios que no ha compartido con los países miembros de CCAMLR”.

Los especialistas consultados coinciden en señalar que la política de preservación marina impuesta por las autoridades coloniales británicas en la zona avasalla no solo los derechos de soberanía argentinos sino además las normas básicas establecidas por la convención de la que, además de Argentina y el Reino Unido, son signatarios más de 30 países con intereses pesqueros y/o reclamos de soberanía sobre el Continente Antártico.

En tal sentido, la convención internacional apunta a preservar el ecosistema marino en su área de influencia a través del trabajo coordinado entre los países miembros y cuenta con una comisión científica que analiza y propone los procedimientos a seguir conforme a la evolución del mencionado ecosistema.

Cualquier medida tendiente a permitir, limitar o prohibir actividades pesqueras o extractivas por parte de los países miembros de CCAMLR en su área de influencia deben ser adoptadas por la comisión y no en forma unilateral. Todo ello se encuentra normado en el artículo IX de la Convención.

Repercusiones locales

Diversos medios especializados en cuestiones pesqueras, expertos del sector y voces cercanas a las autoridades marítimas y navales del país no dudaron en separar los posibles fundamentos científicos de estas medidas de la tradicional terquedad británica a la hora de intentar consensuar cualquier medida que tenga a las islas del Atlántico sur como protagonistas.

“Argentina atraviesa en el presente un intento de cambio de paradigma en el marco de las relaciones bilaterales con el Reino Unido, esto nos lleva a ser muy cuidadosos con el tono, nivel y difusión de nuestros reclamos diplomáticos. Pero puedo asegurarle que al tomar conocimiento de esta nueva e inconsulta medida adoptada por los británicos el Palacio San Martín ha adoptado todos los mecanismos de protesta necesarios para que no se produzcan fisuras en la continuidad del reclamo por la soberanía sobre las islas”, dijo un diplomático recientemente retirado del Servicio Exterior de la Nación.

Fuentes de Cancillería confirmaron a Infobae que se elevó una nota de protesta, al igual que se lo había hecho en 2012, cuando el área marítima fue creada, y posteriormente ante cada anuncio de “refuerzos de la protección” por parte de Londres.

Los expertos de la LNA sostienen que, de la simple apreciación del área de incumbencia de la CCAMLR, se desprende que las aguas circundantes a las Georgias y Sandwich del Sur están plenamente abarcadas por la convención internacional, por lo que la decisión británica es ilegítima por carecer del respaldo del plenario del organismo internacional.