“Desde la Multisectorial de Derechos Humanos de Río Grande queremos advertir sobre las consecuencias que podrían tener dos proyectos que tratará la Comisión Nº 6 de Justicia y Seguridad… relacionados con la situación de las cárceles de la provincia y las personas privadas de su libertad” indicaron a través de un comunicado. 

Luego se menciona que “Por iniciativa del bloque del Movimiento Popular Fueguino, en la Comisión 6 que preside la libertaria Natalia Gracianía, se tratarán dos proyectos que podrían perjudicar la situación de las personas privadas de su libertad y de vecinos y vecinas que podrían ver afectados sus derechos y libertades”.

“Uno de ellos abre la peligrosa puerta de transformar en servicios los derechos que se deberían brindar por parte del Estado provincial en las cárceles, mientras que el otro impulsa la adhesión a la Ley 26.052, que plantea una reforma a la Ley 23.737, con la desfederalización de la misma al dar competencia a juzgados y policía local, en los hechos donde se podría incurrir en alguna violación a la ley de estupefacientes.”, explicaron a través de dicho comunicado. 

Más adelante, expresaron que “Respecto al asunto que propone un proyecto de Ley de Emergencia de la Infraestructura de las Unidades de Detención Provinciales, queremos advertir que, bajo la excusa de pretender resolver las graves falencias que tiene el sistema penitenciario por exclusiva responsabilidad de los tres poderes del estado; se abre una puerta a sectores privados que buscarán hacer un negocio con la privación de la libertad de las personas”.

“Como cualquier actividad en el marco del capitalismo, a mayor demanda mayor ganancia, cuantos más presos y presas tengamos, mayores ingresos para las empresas que se involucren en la provisión de los servicios que se quieren privatizar”.

“La experiencia de países como Chile, Brasil y México, según los datos proporcionados por los Mecanismos de Prevención de la Tortura correspondientes, lejos de arrojar un balance positivo los mismos alertan sobre la precarización, la pérdida de derechos y el crecimiento de las poblaciones carcelarias, entre otros problemas, que incluyen retrocesos en los derechos laborales del personal y problemas de infraestructura, a raíz de la implementación de sistemas privados o mixtos, entre público y privado, en los mencionados países”, advierte el texto.

El documento concluye que “Por todo esto, pedimos a las legisladoras y los legisladores que vayan a resolver sobre dichas cuestiones, que tengan en cuenta la necesidad de resolver los verdaderos problemas de fondo que tiene nuestra comunidad; sacando el foco de proyectos que solo servirán para profundizar esos problemas, lograr titulares en algunos medios y alimentar el ego”, concluyeron desde la Multisectorial riograndense.