El Gobierno Provincial presentó con entusiasmo un aumento en las asignaciones familiares para los empleados estatales. Sin embargo, los montos siguen siendo considerablemente bajos y quedan en evidencia al compararlos con lo que perciben los empleados del Poder Judicial, donde la diferencia porcentual supera el 7.600%.

A pesar de la complacencia de los gremios estatales como ATE, SUTEF, UPCN y ATSA, que avalaron la medida sin cuestionamientos, la disparidad salarial entre los distintos poderes del Estado resulta escandalosa. Mientras un empleado público del Ejecutivo con cuatro hijos recibe apenas $1.346,40 en concepto de asignaciones, un trabajador del Poder Judicial en la misma situación percibe $102.928 , generando una diferencia de $101.581,60.

La desigualdad es aún más visible al desglosar los montos

• Un empleado público recibe $269,28 por cada hijo en la escuela primaria, sumando $538,56 por dos hijos.
• Un empleado judicial percibe $25.732 por cada hijo en la misma condición, totalizando $51.464 .
• Para hijos en el nivel secundario, la diferencia se mantiene: $807,84 en total para el trabajador del Ejecutivo frente a $51,464 para el judicial.

Esta situación no solo es injusta, sino que podría considerarse discriminatoria, ya que no existe una justificación objetiva que explique por qué los hijos de un empleado del Ejecutivo deben recibir un trato inferior al de los hijos de un trabajador judicial.

Silencio político y gremial ante la desigualdad

A pesar de la indignación que genera esta disparidad, los legisladores provinciales han optado por mirar hacia otro lado, sin impulsar ninguna medida que tienda a corregir este abismo salarial. Lo mismo ocurre con los gremios estatales, cuyos dirigentes parecen más interesados en mantener sus cargos que en defensa de los derechos de los trabajadores.

Un reclamo que cobra fuerza

Desde distintos sectores comienzan a plantearse la posibilidad de que esta diferencia sea una violación al principio de igualdad consagrado en la Constitución Nacional y en tratados internacionales. La disparidad salarial entre empleados estatales y judiciales podría ser considerada una forma de discriminación indirecta, ya que afecta negativamente a un grupo de trabajadores sin una razón justificada.

Ante esta situación, algunos especialistas recomiendan a los empleados públicos recurrir a un abogado especializado en derecho laboral y administrativo para evaluar la posibilidad de presentar un reclamo formal por trato desigual. 

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