CABA – En una sesión marcada por la tensión y las protestas, el oficialismo logró ratificar en la Cámara de Diputados un decreto que autoriza al gobierno nacional a firmar un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Con el apoyo del PRO, la UCR, la Coalición Cívica y parte de Encuentro Federal, el oficialismo alcanzó 129 votos afirmativos.

La sesión se desarrolló bajo un estricto operativo de seguridad en torno al Palacio Legislativo, en anticipación a una nueva movilización en defensa de los jubilados. La semana anterior, una marcha similar terminó en incidentes que dejaron heridos y cientos de detenidos, y para este miércoles se esperaba una convocatoria aún más significativa, con la participación de agrupaciones políticas, organizaciones sociales y sindicatos.

El ambiente dentro del recinto fue tenso desde el inicio. Diputados de La Libertad Avanza pidieron un Plan de Labor que buscaba acortar el debate, limitando los tiempos de exposición y reduciendo la cantidad de cuestiones de privilegio. A pesar de las protestas del peronismo, la moción fue aprobada con 141 votos a favor y 95 en contra.

“Debemos permitir un debate a fondo sobre este tema. Entiendo que algunos pueden sentirse culpables, pero este asunto requiere una discusión profunda”, expresó Germán Martínez, presidente del bloque Unión por la Patria.

Durante la sesión, se registraron múltiples confrontaciones. Menem advirtió a Martínez sobre el uso del tiempo de exposición, lo que generó una respuesta airada. “¡Vení a laburar!”, le gritó Martínez desde su banca. A su vez, el diputado libertario Lisandro Almirón sostuvo un agrio discurso, acusando al kirchnerismo de haber provocado la actual crisis económica con un 55% de inflación y un 16% de indigencia.

Otro momento de tensión se vivió cuando la diputada libertaria Marcela Pagano utilizó un megáfono para reclamar a Menem por su desconocimiento como presidenta de la Comisión de Juicio Político. Pagano, que había sido designada el año pasado, acusó a Menem de exceder sus facultades.

Dado que se trataba de un DNU y no de un proyecto de ley, el gobierno solo necesitaba la aprobación de una de las Cámaras para que el decreto se mantuviera vigente, lo que representa una estrategia para contrarrestar la debilidad legislativa del oficialismo en el Senado.

La jornada dejó en claro las profundas divisiones políticas en el Congreso y el clima de incertidumbre que rodea la gestión actual del gobierno.