política
Mieli accede a demandas de Chile y cede territorio en el Estrecho de Magallanes y el Mar de Drake
En los próximos días, el presidente anulará el Decreto 457/2021, el cual planteaba una gestión conjunta con Chile del Estrecho de Magallanes y el Mar de Drake. Esta decisión se toma en respuesta a una solicitud diplomática del país vecino, que reclama su soberanía sobre estas aguas.
Argentina ha comunicado a Chile su intención de derogar el Decreto 457/2021, que había establecido un marco para la administración conjunta del Estrecho de Magallanes y el Mar de Drake. Esta decisión surge tras las manifestaciones de rechazo por parte de Chile, que considera estas zonas como parte de su territorio soberano, en línea con los Tratados de Límites de 1881 y 1984.
En agosto de 2021, el gobierno chileno envió una carta formal a Argentina protestando por la inclusión de una administración compartida en el decreto, argumentando que dicho espacio es estratégico tanto como vía navegable natural entre el Océano Atlántico y el Pacífico, como puerta de acceso al continente antártico. En respuesta, Argentina se comprometió a revisar la directiva a la luz de las observaciones chilenas sobre la soberanía en la región.
Recientemente, el tema fue reactivado por la Embajada de Chile en Buenos Aires, que consultó a la Secretaría de Asuntos Internacionales para la Defensa de Argentina sobre las implicancias jurídicas del decreto anterior. En su respuesta, la Secretaría reconoció que la administración pasada incurrió en un error y se comprometió a enmendar la situación a través de una nueva Directiva de Política de Defensa Nacional.
De este modo, el gobierno de Javier Milei anticipa que esta normativa, una vez promulgada, pondrá fin al Decreto 457/2021, reafirmando así la soberanía chilena sobre el área en cuestión.
El conflicto surgido de la promulgación del decreto durante la administración de Alberto Fernández puso al descubierto las tensiones diplomáticas entre ambos países. A pesar de la deseable cooperación bilateral en la gestión de estos espacios, Chile subrayó que cualquier control conjunto debería ser sometido a las normativas del derecho internacional, particularmente por el reclamo chileno sobre la soberanía de las aguas del estrecho.