Luego de arduas gestiones de la Provincia para desactivar las instalaciones y disolver la personería jurídica de la empresa responsable, el pedido de Estados Unidos al Presidente demuestra que en cuestiones de seguridad nacional como ésta es la Nación quien tiene la plena responsabilidad de permitir o negar una instalación de estas características.

En este marco, la posible reactivación del radar queda en la exclusiva órbita de Nación y del Ministerio de Defensa, quienes deberían prohibir y negar esta solicitud que atenta contra la soberanía nacional y que permite a una potencia extranjera que ocupa parte de nuestro territorio tenga información sobre el espacio aéreo argentino.

La comunidad fueguina deberá pedir una firme postura a sus representantes ante Nación, Diputados y Senadores, sobre todo a aquellos que comulgan con las ideas políticas del Presidente Milei y pertenecen a su espacio político, para que no se avance una vez más contra los intereses de la argentina en general y de Tierra del Fuego en particular, y para que se vuelva a una senda de defensa irrenunciable de la soberanía del país sobre el Atlántico Sur.