Fue a través de un decreto que se modificaron puntos clave de la Ley 26.639, en dónde se fijan los “presupuestos mínimos” para la conservación de los glaciares y la zona periglaciar.

Es importante recordar que Argentina tiene uno de los mayores reservorios de agua dulce de Latinoamérica. Dentro del territorio hay más de 16.000 glaciares y todas ellas representan reservas de agua dulce esenciales.

El riesgo de permitir explotaciones cerca de los glaciares

Los especialistas alarmaron acerca del riesgo de permitir explotaciones en áreas periféricas a los glaciares, ya que podría perderse estos ecosistemas que son únicos y vitales en plena crisis climática a nivel mundial.

De acuerdo a la información que trascendió desde fuentes cercanas al Ministerio de Economía, se busca dar “seguridad jurídica” a aquellas empresas que quieran realizar inversiones privadas a desarrollarse en el territorio de glaciares.

Qué es la ley de glaciares

Fue en año 2019, cuando la Corte Suprema reafirmó la constitucionalidad de la ley de Glaciares, sancionada en 2010. Allí, se remarcó la necesidad de hacer énfasis en la protección de los reservorios de agua como responsabilidad conjunta entre el Gobierno de la Nación y los provinciales.

La ley, que sigue en vigencia, obliga a realizar un inventario de los glaciares y monitorearlos de forma periódica para medir el impacto de las actividades humanas y evitar que se vean afectados.

Es importante destacar que la intención del Gobierno de modificar la ley ya estuvo incluida en los borradores de la “Ley Bases” y fue retirada por falta de acuerdos. Ahora, la forma que buscaron para evadir la discusión fue el decreto presidencial.

El Ministerio de Economía, cuyo titular es Luis Caputo, en conjunto con la Secretaría de Energía y técnicos de Casa Rosada fue quién impulsó la iniciativa. Se encuentra en búsqueda de inversión privada y el facilitamiento de infraestructura dentro de los territorios que estaban protegidos legalmente.