La causa que investiga al camarista penal Andrés Leonelli por presunta tenencia de imágenes de abuso sexual infantil sumó en las últimas horas un hecho de extrema gravedad: parte del material remitido desde Río Grande a Ushuaia habría sido robado durante el traslado judicial y podría estar ya circulando libremente en canales digitales.

El contenido —imágenes de niños víctimas de abuso sexual— fue enviado por pedido de la defensa del magistrado, con el objetivo de probar que las fotos ya formaban parte de causas judiciales del año 2016. El envío, realizado a través del sistema de bolsín judicial que utiliza la empresa OCA, llegó a destino con once días de demora y signos de haber sido manipulado. El sobre estaba abierto y el material incompleto.

La jueza María Cristina Barrionuevo, a cargo del Juzgado de Instrucción N° 2 de Ushuaia, recibió un pedido de la defensa para que se instruya una causa paralela que investigue la desaparición del contenido. El episodio revive alarmas institucionales sobre el manejo de pruebas sensibles en causas de abuso infantil, con víctimas que ahora podrían quedar expuestas a una revictimización aún mayor.

A esto se suma otro punto crítico: hasta ahora la Justicia no notificó a las víctimas cuyas imágenes fueron detectadas en la cuenta de Google de Leonelli, una omisión que, en este nuevo contexto, adquiere una dimensión aún más grave.

En medio de ferias, recusaciones y conflictos de competencia, la causa principal contra el camarista sigue estancada. Y ahora, con la fuga de material judicial delicado, el escándalo institucional se agrava.