USHUAIA.– El Superior Tribunal de Justicia de Tierra del Fuego resolvió rechazar los planteos de inconstitucionalidad contra la convocatoria a elecciones de convencionales constituyentes, presentada por el legislador Jorge Lechman y el abogado Paulino Rossi. Además, dejó sin efecto la medida cautelar que había paralizado el proceso electoral.

La decisión fue tomada en la Acordada del martes 5 de agosto y ordena al Poder Ejecutivo Provincial emitir un nuevo decreto para establecer la fecha de elección de los convencionales, otorgando un plazo de 210 días para cumplir con esa disposición, conforme a lo establecido en la Ley 1529.

El fallo alcanza a las causas “Lechman, Jorge Andrés c/Provincia de Tierra del Fuego” y “Rossi, Paulino Baltasar Jesús c/Provincia de Tierra del Fuego”, tramitadas ante la Secretaría de Demandas Originarias. La resolución fue votada por la jueza María del Carmen Battaini, con adhesión de Edith Cristiano, Carlos Sagastume y Javier Muchnik. El juez Ernesto Löffler fue apartado tras ser recusado por el Ejecutivo.

Argumentos del fallo

Entre los fundamentos, la jueza Battaini sostuvo que los actores intentaron judicializar un resultado adverso en el ámbito legislativo. “El legislador, ahora devenido en actor, debió someterse a los resultados de la votación, como principio básico de la democracia representativa”, señaló.

También se desestimaron los planteos sobre una supuesta falsedad en la fecha del decreto 1656/24. Según se resolvió en una causa penal previa, no hubo pruebas de alteraciones ni perjuicio, descartando así la posibilidad de delito.

En cuanto al plazo para la convocatoria –otro de los ejes del cuestionamiento–, el Tribunal consideró probado que el decreto fue firmado antes del vencimiento del plazo de 210 días que impone la Ley 1529, aunque su publicación en el Boletín Oficial ocurrió después.

Próximos pasos

Con este fallo, la Justicia despeja el camino para que el Ejecutivo retome el proceso de reforma constitucional. El Gobierno tiene ahora un plazo de 210 días para emitir un nuevo decreto de convocatoria a elecciones, lo que reabre el debate político sobre los alcances y objetivos de la reforma de la Carta Magna fueguina.

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