BUENOS AIRES.– En una votación histórica, el Senado de la Nación rechazó el veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad impulsado por Javier Milei. Con 63 votos a favor y solo 7 en contra, la Cámara alta dejó firme la norma que declara la emergencia hasta diciembre de 2026 y garantiza la actualización de las prestaciones para miles de personas con discapacidad.

Se trata del primer veto de Milei rechazado por el Congreso y del primero en más de dos décadas. La última vez había sido en 2003, cuando la gestión de Eduardo Duhalde sufrió el revés de la Cámara alta sobre la Ley de Presupuesto.

Un golpe político para el oficialismo

Uno de los datos centrales de la votación fue que senadores aliados al Gobierno decidieron no acompañar el veto presidencial. La UCR, gran parte del PRO, Provincias Unidas y Cambio Federal se sumaron al peronismo y otros bloques dialoguistas para dar forma a una mayoría contundente.

De los 30 votos provenientes de espacios no peronistas, se destacaron figuras como los radicales Rodolfo Suárez y Mariana Jury (Mendoza), y Víctor Zimermann (Chaco), así como el entrerriano Alfredo De Angelis (PRO), pese a que sus gobernadores mantienen acuerdos electorales con La Libertad Avanza de cara a octubre.

En contraste, solo seis senadores libertarios –entre ellos Bartolomé Abdala y Ezequiel Atauche– y la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO) avalaron la postura presidencial.

Qué establece la ley

La norma ratificada por el Senado declara la emergencia en discapacidad hasta 2026, con posibilidad de prórroga hasta 2027, y dispone una serie de medidas clave:

• Actualización mensual de los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas, según la inflación medida por el INDEC.

• Reconocimiento de 200 mil pensiones por invalidez, equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio, que podrán compatibilizarse con un empleo siempre que no supere dos salarios mínimos.

• Saldar deudas con los prestadores y garantizar fondos para talleres y programas de inclusión.

De acuerdo con la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal oscila entre el 0,22% y el 0,42% del PBI, dependiendo de la cantidad de beneficiarios que se incorporen al sistema hasta diciembre de 2026.

Una señal del Senado

El rechazo al veto marca un hito político: es la primera vez desde 2003 que el Senado desconoce la voluntad del Poder Ejecutivo en este tema. Para Milei, representa un golpe legislativo y la confirmación de que sus aliados parlamentarios no siempre estarán dispuestos a acompañar decisiones que impliquen un costo social elevado.