La casa fue entregada esta mañana pero en un estado deplorable: puertas rotas, cañerías dañadas, humedad por todos lados y hasta el robo del inodoro.

En declaraciones radiales al programa “Tierra del Fuego en Altavoz” por FM Austral, el abogado de González Valle, Dr. Hernán Castillo fue contundente al precisar que “estamos frente a un avasallamiento absoluto de los derechos ciudadanos por parte de funcionarios públicos que, en su borrachez del poder, avanzaron sin límites, se afanaron hojas de los expedientes con el objeto de hacer creer a la gente que la señora Gonzáles había perdido la propiedad de la casa, y hasta hubo ofrecimientos económicos para que desistamos de esta causa”.

“Una vez que el juez confirme los delitos entiendo que como mínimo les cabería la prohibición para ejercer cargos públicos, tanto a Harrington como a Ana Paula Cejas, y a todos los funcionarios que fueron parte de esto, estamos hablando de gente que en el ejercicio de sus funciones públicas intervinieron y adulteraron instrumentos, una barrabasada desde el punto de vista legal”, dijo.

La restitución de la propiedad traerá por un lado un costo penal para los funcionarios involucrados pero también para toda la comunidad de Tolhuin, ya que la damnificada anunció que iniciará acciones legales por los daños sufridos, que deberán ser abonados por las arcas públicas.

El escándalo se agrava porque Ana Paula Cejas, secretaria de Gobierno y una de la imputadas, es candidata a senadora por la lista “Defendamos Tierra del Fuego”, liderada por el intendente de Río Grande, Martín Pérez. La inclusión de Cejas en la lista genera serias dudas sobre el respaldo político que reciben funcionarios involucrados en graves denuncias.

La causa penal continúa abierta, mientras la sociedad espera que la Justicia actúe con rigor y que los líderes políticos den explicaciones por este escándalo que afecta a toda la provincia.