Envalentonado tras el triunfo electoral y con un mejor panorama de números en el Congreso, el Gobierno de Javier Milei busca avanzar con el plan de reformas laborales regresivas. Para los especialistas, se trata de terminar con lo que intentó hacer ni bien asumió con la Ley Bases, que tenía todo un apartado vinculado al trabajo, que fue luego judicializado y volteado en los Tribunales.

La reforma laboral se basa en las viejas ideas de la derecha tradicional argentina de desregular el mercado laboral, lo que según la tesis libertaria abriría una supuesta etapa de beneficios para todos, pero que termina validando una quita de derechos para los trabajadores activos y una normalización de la flexibilización y los contratos basura.

En concreto, de lo que dijeron hasta ahora el ministro de Economía, Luis Caputo, Milei y el portavoz Manuel Adorni se desprende que la reforma incluiría la eliminación de las paritarias y su reemplazo por "negociaciones libres", el fin de la indemnización por despidos, la imposibilidad por ley de realizar juicios laborales, la eliminación de los convenios colectivos de trabajo, y la posibilidad de elegir la moneda en la que cobrar los sueldos, entre otras cosas.

Hace unos días, además, el secretario de Trabajo, Julio Cordero, blanqueó en el Congreso de la Nación al participar de un plenario de comisiones durante el proyecto de ley de Presupuesto 2026 que la intención es que se negocien aumentos por mérito. 

Otro apartado importante tendría que ver cambios para que el empleo registrado se parezca lo más posible a la informalidad en sus formas actuales, haciendo que se considere que un trabajador está correctamente registrado si, en lugar de percibir un recibo de sueldo, todos los meses emite su factura como monotributista.