La presidenta del Concejo Deliberante de Río Grande, Guadalupe Zamora, habría dejado entrever en recientes declaraciones que el juez del Superior Tribunal de Justicia, Ernesto Löffler, podría responder a intereses vinculados al Movimiento Popular Fueguino (MPF).

Según trascendidos radiales, la concejala habría realizado esta afirmación al ser consultada sobre si el pedido de juicio político contra el magistrado podría interpretarse como una maniobra de presión o disciplinamiento político.

De acuerdo con lo expresado, Zamora habría señalado que “al menos un sector político o familiar” podría verse beneficiado, lo que fue interpretado por algunos como una alusión directa al magistrado.

Durante la entrevista con FM Del Pueblo, la edil habría reiterado que la solicitud de enjuiciamiento “podría responder a un intento de disciplinamiento del gobierno provincial hacia la oposición”, en el marco de las tensiones políticas derivadas de la discusión por una eventual reforma constitucional.

Estas manifestaciones —de carácter presunto y sujetas a interpretación— se suman a un clima político cada vez más tenso en la provincia, donde distintos sectores han expresado preocupación por la independencia del Poder Judicial y las implicancias institucionales de las disputas partidarias.

Si bien no hubo una aclaración pública posterior por parte de la presidenta del Concejo, fuentes cercanas a su entorno habrían señalado que sus declaraciones fueron “malinterpretadas” y que no buscaban poner en duda la imparcialidad del juez Löffler, sino advertir sobre “la utilización política de ciertos procesos institucionales”.

El episodio volvió a poner en agenda la discusión sobre la separación de poderes y la necesidad de preservar la independencia judicial en Tierra del Fuego.