La intervención del puerto de Ushuaia sumó una denuncia de extrema gravedad tras las declaraciones de Juan Carlos Segovia, trabajador del organismo, quien afirmó que los funcionarios designados por el Gobierno nacional se desplazan dentro de las instalaciones acompañados por “patovicas de la barra de la 12 de Boca”.

“Vemos en el puerto guardaespaldas que son de la 12”, sostuvo Segovia, al describir el clima que se vive desde que la Administración Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) tomó el control del ente portuario durante la madrugada del miércoles 21 de enero.

Según relató el empleado en declaraciones periodísticas, el operativo de intervención no solo desplazó al presidente del puerto, Roberto Murcia, y a otros funcionarios provinciales, sino que dejó fuera de sus funciones a cerca del 90% del personal. De los 164 trabajadores directos, apenas unos 14 estarían autorizados a ingresar actualmente, todos bajo las órdenes de la nueva conducción.

Segovia aseguró que la intervención se concretó “mediante una resolución administrativa y no por una orden judicial”, y cuestionó también el rol de la Prefectura Naval Argentina durante el procedimiento. “Tenemos entendido que el prefecto a cargo recibió una orden política, no judicial. Eso demuestra que se hizo todo mal”, afirmó.

En ese contexto, el trabajador remarcó que la presencia de civiles ajenos al organismo —a quienes identificó como integrantes de la barra brava de Boca Juniors— generó temor e intimidación entre los empleados. “Los interventores se mueven custodiados por patovicas que no tienen nada que ver con el puerto”, denunció.

Respecto a los argumentos oficiales para justificar la intervención, Segovia descartó que existan problemas operativos o estructurales. “Si el puerto estuviera en las condiciones que dicen, no estaría funcionando. A los 15 minutos de que llegaron ya estaban operando buques de carga y de pasajeros con total normalidad”, señaló.

Para el trabajador, el verdadero origen del conflicto se encuentra en la ley sancionada por la Legislatura fueguina que habilitaba el uso de fondos portuarios para cubrir el déficit de la obra social OSEF. “Ese fue el disparador de todo. Se quiso tapar el agujero de OSEF con recursos del puerto, cuando la ley es clara: esos fondos son para el desarrollo portuario”, afirmó.

Mientras la disputa institucional continúa sin definición judicial de fondo, la situación de los trabajadores permanece en un limbo. Con la mayoría del personal impedido de ingresar a su lugar de trabajo y denuncias cada vez más graves sobre el modo en que se ejecutó la intervención, el conflicto en el puerto de Ushuaia suma tensión política, social y laboral.