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OSEF denunció a la Clínica San Jorge por poner cupos diarios para la atención a sus afiliados
La Vocalía por el sector activo acusó al sanatorio de imponer cupos diarios sin respaldo contractual y pidió al Directorio medidas urgentes para garantizar la cobertura médica.
La Vocalía por el sector activo de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) presentó una denuncia formal contra la Clínica San Jorge por presuntas prácticas discriminatorias hacia los afiliados de la obra social, al limitar la atención ambulatoria a un número reducido de pacientes por día.
Según se informó, la denuncia fue elevada ante la presidenta de OSEF, Mariana Hruby, y el vicepresidente Gustavo García, y señala que la clínica habría establecido un cupo máximo de siete pacientes diarios para afiliados de la obra social estatal. Esta decisión, indicaron desde la Vocalía, no tiene respaldo en el convenio vigente y vulnera el derecho a la atención integral de las familias trabajadoras.
Desde OSEF remarcaron que el acuerdo firmado en septiembre de 2025 obliga al prestador a brindar cobertura sin restricciones arbitrarias. En ese marco, advirtieron que la limitación afecta exclusivamente a afiliados de OSEF, mientras que otras obras sociales y sistemas de medicina prepaga continúan recibiendo atención sin cupos, lo que configuraría una discriminación por tipo de cobertura.
La Vocalía también cuestionó el modelo de pago por prestación, señalando que cada atención genera ingresos para la clínica, por lo que la restricción diaria resulta injustificada y se interpreta como una forma de presión en el marco de una negociación económica.
En la presentación, OSEF solicitó al Directorio que adopte medidas inmediatas para garantizar la atención de los afiliados, entre ellas intimar a la clínica a cesar con los cupos impuestos, aplicar sanciones por incumplimiento contractual y transparentar las decisiones adoptadas por sus integrantes.
La vocal representante de los trabajadores activos, Adriana Soria, advirtió que, de no intervenir el Gobierno Provincial a través de sus representantes en el Directorio, se estará dejando sin cobertura a miles de trabajadores estatales y sus familias.
La denuncia expone un nuevo capítulo en el conflicto entre la obra social estatal y prestadores privados, y plantea un debate sobre la protección del derecho a la salud frente a criterios económicos. Desde la Vocalía aseguraron que continuarán monitoreando la situación hasta que se restituya la atención plena para todos los afiliados.