La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) volvió a expresar su rechazo a la intervención del Gobierno nacional en el puerto de Ushuaia. Así lo manifestó el secretario de Finanzas del gremio en Río Grande, Carlos Margalot, quien respaldó las acciones impulsadas por la Comisión Directiva Provincial que encabeza Carlos Córdoba.

Margalot sostuvo que la intervención representa una intromisión indebida en un organismo provincial y aseguró que se trata de una situación que no solo debe ser repudiada por los sindicatos, sino también por toda la sociedad fueguina.

“La injerencia del Gobierno nacional en una entidad provincial está mal. Es algo que no se puede permitir”, expresó el dirigente, al tiempo que convocó a cámaras empresariales y organizaciones intermedias a pronunciarse contra la medida.

En ese marco, advirtió que lo sucedido en el puerto podría sentar un precedente para avanzar sobre otros entes locales. “Con lo ocurrido en el puerto se pueden meter con Vialidad Provincial o con cualquier otro organismo”, señaló, cuestionando además que se utilicen denuncias sin sustento como argumento para justificar intervenciones.

Margalot también consideró que existe un trasfondo político en la decisión del Ejecutivo nacional y deslizó que el objetivo sería generar presión sobre el Gobierno provincial por no acompañar las políticas de ajuste impulsadas por el Presidente.

En ese sentido, criticó la reunión que mantuvieron legisladores fueguinos de La Libertad Avanza con los interventores designados, calificando esa actitud como incoherente.

Asimismo, el dirigente sindical se refirió al desplazamiento de trabajadores tras la intervención, señalando que responde a una política nacional que apunta contra el empleo público. “Desprecia a los empleados públicos y busca echarlos de cualquier forma”, remarcó.

Por último, Margalot confirmó que ATE adherirá al paro nacional previsto para el miércoles 11 de febrero, en rechazo al tratamiento de una reforma laboral en el Congreso. Según expresó, el proyecto implicaría un retroceso en derechos adquiridos y no beneficia a los trabajadores.