sábado 14 de febrero de 2026 - Edición Nº3614
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política

Diputados aprobó bajar a 14 años la edad de imputabilidad 

La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que baja a 14 años la edad para que los menores puedan ser juzgados penalmente. La iniciativa obtuvo 149 votos a favor y 100 en contra y ahora deberá ser tratada en el Senado.


BUENOS AIRES (NA).- La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto de Régimen Penal Juvenil que reduce de 16 a 14 años la edad de imputabilidad. La iniciativa obtuvo 149 votos afirmativos contra 100 negativos, en una sesión que marcó el primer gran test legislativo del Gobierno en lo que va del año.

 

El proyecto fue respaldado por La Libertad Avanza, la Unión Cívica Radical, el PRO, Innovación Federal, Provincias Unidas, Encuentro Federal, la Coalición Cívica, Producción y Trabajo, entre otros bloques provinciales. En tanto, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda rechazaron la propuesta y expresaron fuertes críticas.

 

En el marco de un “súper miércoles” de actividad parlamentaria, el oficialismo logró reunir el apoyo de sectores aliados y dialoguistas, lo que permitió avanzar con el dictamen de mayoría y llevar el tema al recinto con expectativas favorables.

 

 

Nuevo Régimen Penal Juvenil

 

Además de la baja de la edad de imputabilidad, el régimen contempla un esquema de sanciones alternativas a la prisión, con medidas orientadas a la resocialización y a la reinserción educativa y social de los menores.

 

El texto establece también que los jóvenes privados de libertad no podrán ser alojados junto a adultos en lugares de detención y elimina la posibilidad de condenas a prisión perpetua, fijando un máximo de 15 años de cárcel para menores.

 

Para delitos con penas menores a tres años se descartan sanciones de prisión, mientras que en casos con penas de entre tres y diez años, vinculados a hechos que no hayan provocado muerte o lesiones graves, se priorizan sanciones con enfoque social y educativo.

 

Como parte del acuerdo con bloques dialoguistas, el dictamen incorporó un capítulo de financiamiento para garantizar la implementación efectiva del régimen: se prevé una asignación superior a los 20 mil millones de pesos para la Defensoría General y más de 3 mil millones para el Ministerio de Justicia.

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