El Tribunal de Juicio de Ushuaia fijó para el próximo 18 de mayo el inicio del juicio oral y público contra el secretario general de ATE, Carlos Córdoba, y otros imputados en una causa por presuntas estafas vinculadas al plan habitacional que dio origen al barrio de las 128 viviendas del gremio.

Según la investigación, dirigentes sindicales habrían comercializado viviendas prometiendo el acceso a la casa propia a cambio de dinero para integrar listados de beneficiarios elaborados por ATE Ushuaia. El expediente reúne 22 hechos considerados como estafas.

Entre los acusados también se encuentra Miguel Ángel Arana, quien estaba a cargo del área de Vivienda del sindicato. Para la fiscalía, Córdoba no podía desconocer la maniobra, ya que habría realizado gestiones ante el Instituto Provincial de Vivienda (IPV) y recibido reclamos de afiliados que pagaron por una vivienda.

La causa también incluye cargos por defraudación mediante administración fraudulenta y falsificación ideológica de documentos. Además, será juzgado un tercer imputado, Erik Enrique Moscoso Panozo, acusado de lavado de activos, al considerar que parte del dinero obtenido habría sido invertido en bienes y en la conformación de una empresa.

La investigación estimó que las personas damnificadas entregaron más de 8 millones de pesos y alrededor de 52 mil dólares antes de que comenzaran las denuncias en 2018.

No obstante, la realización del juicio aún no está completamente asegurada. Las defensas solicitaron la suspensión del proceso a prueba, pedido que fue rechazado y actualmente se encuentra en análisis en la Cámara de Apelaciones, que deberá resolver antes de la fecha prevista para el inicio del debate.