En una medida que ya genera indignación y fuertes cuestionamientos, el gobierno de Javier Milei avanzó con un esquema restrictivo para el debate de la reforma de la Ley de Glaciares en la Cámara de Diputados: de más de 100 mil personas inscriptas para participar, solo 400 podrán exponer.

Las audiencias públicas se realizarán el miércoles 25 y jueves 26 de marzo, pero con un formato limitado que deja afuera a la inmensa mayoría de quienes buscaban hacer oír su voz. Apenas unos 200 expositores podrán participar de manera presencial, mientras que otros 200 lo harán de forma virtual. El resto deberá conformarse con enviar su postura por escrito o mediante videos de no más de cinco minutos.

La decisión fue impulsada por el bloque oficialista de La Libertad Avanza, que rechazó los pedidos de la oposición para ampliar la cantidad de jornadas y garantizar una participación más amplia. Incluso, se estableció que solo los primeros inscriptos de cada provincia tendrán prioridad para hablar.

El recorte también alcanza al ámbito legislativo: solo podrán asistir los 66 diputados que integran las comisiones involucradas y un número reducido de asesores, lo que limita aún más el debate.

En paralelo, la organización ambientalista Greenpeace presentó una medida cautelar ante la Justicia para exigir que se garantice la participación oral de todos los inscriptos. El planteo quedó en manos del juez Enrique V. Lavié Pico, quien deberá definir si el Congreso debe ampliar el esquema actual.

Según estimaciones, si se habilitara la exposición de todos los inscriptos, las audiencias deberían extenderse durante aproximadamente 500 días, lo que evidencia la magnitud del interés social en el tema.

El proyecto de reforma, que ya cuenta con el impulso de sectores aliados al oficialismo, busca flexibilizar las restricciones vigentes en zonas periglaciares para permitir inversiones en megaminería e hidrocarburos. Esto genera alarma en organizaciones ambientales y parte de la oposición, que advierten sobre el posible impacto en reservas estratégicas de agua.

Mientras el oficialismo defiende el recorte como una forma de “ordenar” el proceso, crece el malestar por lo que muchos consideran una maniobra para limitar la participación ciudadana en una discusión clave para el futuro ambiental del país.