RÍO GRANDE.– El hecho no solo expone la gravedad de la denuncia, sino que abre interrogantes sobre el rol de las instituciones que deben controlar la conducta profesional, especialmente el Colegio de Abogados, cuestionado por no actuar frente a este tipo de situaciones.

La causa tiene como denunciante a Carla Kirsten, expareja del letrado, quien viene atravesando un complejo proceso judicial y personal. Según relató, más allá de lo que pueda resolverse en el juicio, el daño sufrido no tiene reparación. “El juicio no me va a devolver nada de lo que viví”, expresó.

Kirsten también detalló dificultades económicas y familiares que se agravaron con el paso del tiempo. Denunció que su hija menor permanece sin obra social desde diciembre por la falta de gestión del padre, y que la cuota alimentaria que percibe resulta insuficiente frente a todas las responsabilidades que asume en soledad.

“Yo me hago cargo de todo”, sostuvo, al describir una situación donde, además, no existe vínculo entre el padre y la menor, pese a haber un régimen de visitas establecido judicialmente.

Pero más allá del caso puntual, el foco se amplía hacia una problemática mayor: la falta de reacción del Colegio de Abogados ante denuncias por violencia de género contra profesionales matriculados.

Distintas voces del ámbito judicial y social vienen señalando que no se trata de un hecho aislado. Existen antecedentes de otros letrados denunciados por situaciones similares que continúan ejerciendo sin restricciones, lo que genera preocupación y malestar.

La ausencia de medidas disciplinarias o pronunciamientos claros alimenta la percepción de que existe una “vista gorda” institucional frente a hechos graves, que contradicen los principios éticos que deberían regir el ejercicio de la abogacía.

Mientras tanto, el juicio contra Guzmán avanza y será una instancia clave no solo para determinar responsabilidades, sino también para poner bajo la lupa el funcionamiento de las estructuras que deberían garantizar estándares de conducta dentro del propio sistema judicial.

El caso reabre un debate incómodo: ¿qué pasa cuando quienes deben impartir o auxiliar en la justicia quedan involucrados en denuncias de esta magnitud y nadie parece actuar a tiempo?